El abogado de Can Vies comparte despacho con un ex preso de ETA

El movimiento «okupa» cuenta en toda España, en especial en las zonas en los que es más activo, con una serie de abogados, que se encargan de defender a las personas que puedan ser imputadas por actividades relacionadas con esta actividad ilegal.

Asimismo, algunos de estos letrados son los que representan a los individuos que son detenidos como consecuencia de su participación en manifestaciones ilegales y algaradas callejeras protagonizadas por los grupos «okupas», anti sistema y anarquistas.

A raíz de los incidentes ocurridos en los últimos días en Barcelona, algunas fuentes informaron a este periódico de que el letrado Diego Sánchez Burría, detenido en 2001 por su colaboración con el «comando Barcelona» de ETA y que en 2004 fue condenado a nueve años de cárcel por estas actividades (salió en libertad en enero de 2010, tras cumplir íntegramente la pena), como uno de los que asisten a los detenidos esta semana.

LA RAZÓN se puso ayer en contacto con el letrado para confirmar o desmentir dichas noticias. Precisó que él no asistía a los arrestados, pero que sí lo hacía «un compañero del despacho», que con posterioridad se pondría en contacto con el periódico, aunque no lo hizo. Es decir, que ambos pertenecen al mismo bufete que, aseguran las citadas fuentes, se dedica, entre otras labores profesionales, a la defensa de los miembros del movimiento «okupa» y similares.

Asimismo, insistieron en que Sánchez Burría, que no tiene causas pendientes con la Justicia y que, por lo tanto, goza de todos sus derechos, suele participar, cuando está de guardia, en las primeras diligencias tras producirse las detenciones, aunque con posterioridad son otros letrados del bufete, como él mismo acreditó, los que se ocupan de seguir lo asuntos. La célula del «Comando Barcelona» con la que colaboró Diego Sánchez operó en Cataluña en los años 2000 y 2001 y se le imputó el asesinato del ex ministro socialista Ernest Lluch; el del guardia urbano de Barcelona Juan Miguel Gervilla y dos concejales del PP.

En el juicio, celebrado en octubre de 2003 contra los miembros de la célula etarra y seis de sus colaboradores, Diego Sánchez Burría, hijo de un comisario del Cuerpo Nacional de Policía, reconoció su apoyo a las actividades de este núcleo terrorista, desarticulado en la Ciudad Condal, lo que evitó numerosos atentados.