El adelanto andaluz eleva el coste electoral de 2015 a 430 millones

El Estado gastará 345,3 millones en las generales y municipales, mientras las comunidades emplearán casi 84.

Gallegos y vascos pueden sentirse afortunados. Serán los únicos que acudan a votar –si así lo desean– «sólo» en dos ocasiones durante este año 2015. Lo harán con motivo de las elecciones municipales que se celebrarán el 24 de mayo y las generales de finales de año. Eso sí, los últimos tendrán que depositar tres papeletas, porque también eligen representantes a las Juntas Generales del País Vasco. El resto de españoles mayores de 18 años –unos 34,5 millones de personas, según el último censo del INE– están llamados a las urnas en tres ocasiones, en un año récord en cuanto a citas electorales se refiere. Y, por ende, de coste económico para los bolsillos de los españoles. Porque las cuatro fechas electorales de 2015 costarán a los españoles la nada despreciable cifra de 430 millones de euros –9,2 euros será el coste directo para cada español–, dinero con el que podrían pagarse en torno al 40 por ciento de las ayudas a parados de larga duración y beneficiar a cerca de 200.000 desempleados. O, por ejemplo, costear íntegramente las subvenciones que recibirán los agricultores y los ganaderos catalanes hasta 2020.

El coste de las candidaturas para los partidos, el personal que trabajará en los colegios, el marketing o la seguridad... casi todo corre a cargo del Estado y las comunidades autonómas –Interior organiza municipales y generales, pero las elecciones autonómicas corren a cargo de cada región– con el objetivo de mantener una cierta igualdad entre las diferentes fuerzas políticas e impedir que una gran inversión privada puede decantar la balanza del resultado final. De hecho, en periodo electoral, ninguna persona física o jurídica puede aportar más de 10.000 euros a las cuentas de un mismo partido o coalición para recaudar fondos para una misma cita electoral. Como tampoco se pueden percibir fondos de administraciones públicas ni de empresas con contratos vigentes con el Estado, así como de personas o entidades extranjeras.

Gastos y subvenciones

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, asume gran parte de esos 430 millones totales. En concreto, el Ejecutivo dotó para la partida «elecciones y partidos políticos» en los presupuestos generales 345,3 millones de euros, de los que 187,6 irán destinados a la organización de las municipales del 24 de mayo en todo el territorio nacional y las generales de finales de año. Además, se reservaron 1,11 millones en las cuentas estatales para pagar a funcionarios y al personal encargado de garantizar la celebración de dichos comicios, y otros 2,7 millones para gastos de seguridad. Pero la segunda mayor partida –de 156,4 millones– va destinada íntegramente a las arcas de los partidos políticos, de los que 101 millones se dedican a subvenciones por gastos electorales.

Este último apartado está regulado por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). Se consideran como gastos electorales, por ejemplo, la confección de sobres y papeletas electorales, el alquiler de locales para actos de campaña, gastos de desplazamiento de los candidatos o las remuneraciones del personal que preste sus servicios de forma temporal a la candidatura. Y, al contrario de lo que suele pensarse, estos gastos no se circunscriben a los quince días de campaña electoral, sino que se extienden desde que se publica la convocatoria hasta la proclamación de los candidatos electos.

Uno de los baremos que se establecen para otorgar subvenciones es en función de los procuradores obtenidos. Pero no se paga lo mismo por un senador, que por un diputado canario o por uno cántabro, por poner tres ejemplos. Y en esta escala resulta llamativo que un escaño del Parlamento andaluz se pague mejor que un diputado del Congreso o un senador. Así, la Junta paga 22.299,12 euros por escaño, mientras que el Estado subvenciona con 21.167,64 euros por su homónimo en el Congreso o en el Senado. En este particular ránking, le siguen Canarias, que subvenciona con 20.456,28 euros la consecución de un parlamentario regional; Cataluña, que paga 20.127 por escaño en el Parlament y la Comunidad de Madrid, que subvenciona con 19.981,18 con cada diputado en la Asamblea. En el lado opuesto se sitúan Castilla y León, la que menos paga, con 10.205,62 euros el escaño; Cantabria, con 10.561,32 euros y Murcia, con 10.854,31 euros a cada formación por diputado. Además, los partidos reciben dinero por voto conseguido de cada candidatura que obtenga al menos un escaño. Y en esta clasificación, hay nada menos que cinco comunidades que pagan más que los votos conseguidos al Congreso: Madrid (1,01 euros), Navarra (92 céntimos), La Rioja (88 céntimos), Cantabria (84 céntimos) y Andalucía (82,29 céntimos). Por cada voto al Congreso, el Estado otorga 0,81 euros a los partidos que obtengan, al menos un escaño. ¿Y al Senado? Pues resulta curioso que sea el «cargo» más barato en cuanto a subvenciones electorales se refiere: 0,32 euros, es decir, menos incluso que Castilla y León, la comunidad autónoma que menos paga por este concepto, con 40 céntimos al voto. Y un apunte: los partidos reciben aparte 270,90 euros por cada concejal electo.

Todo ello va incluido en el presupuesto que las comunidades autónomas han previsto para «costes electorales» y que en 2015 ascenderá a casi 84 millones de euros. Es seguro lo que gastarán las 13 comunidades, 32,3 millones de euros, porque así se recoge en las cuentas anuales publicadas, mientras que lo que gasten Andalucía y Cataluña, al adelantarse al calendario previsto, tendrán que imputarse a otros gastos o en el presupuesto del año que viene.

La Junta de Andalucía, en una orden de la Consejería de Hacienda de 28 de enero en la que fijaba las cantidades de las subvenciones electorales, decía que «por la coyuntura actual, marcada por una política de contención del gasto, se considera adecuado no proceder al incremento de las cantidades correspondientes a gastos electorales», por lo que se mantendrán los de 2012, que ascendieron a 16.499.682 euros. El caso de Cataluña es diferente. El pasado febrero, el Govern autorizó la transferencia de 25,5 millones al Departamento de Governació para hacer frente a los gastos del 27-S, pero a esa cifra hay que sumarle los cerca de diez millones que cuesta la campaña electoral, hasta sumar unos 35 millones. Del resto de autonomías, la Comunidad Valenciana es la que más gastará en estos comicios, con 6,2 millones, seguida de Madrid, que gastará 4,25 millones y Castilla y León, que ha previsto 4,1 millones.