El CGPJ contratará un seguro para cubrir las costas de Llarena

Como adelantó LA RAZÓN, el CGPJ contratará un seguro para hacer frente a una responsabilidad económica del juez del Supremo ante una hipotética condena por la demanda presentada contra él por Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contratará un seguro para hacer frente a una responsabilidad económica del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante una hipotética condena por la demanda presentada contra él por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros, tal como adelantó LA RAZÓN. Este convenio se formalizará la próxima semana, según fuentes próximas al órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

El seguro cubriría no la indemnización reclamada (un euro, de forma simbólica), sino la eventual imposición del pago de las costas, que podría ascender a una cantidad importante. Se da la circunstancia de que, en otros países, es relativamente normal contar con este tipo de seguros porque los riesgos de pagar las costas son elevados.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales de España –salvo la progresista Jueces para la Democracia (JpD)–, se sumaron al comunicado en defensa del instructor de la causa del «procés» en el Supremo en el que se acusa al Gobierno de «dejación de funciones». Este comunicado, elaborado inicialmente por la asociación mayoritaria –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece el juez Llarena– ha sido firmado también por las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente y por las de fiscales Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Los miembros de la judicatura exigen al Ejecutivo que asuma «de forma inmediata» la defensa de Llarena ante la justicia belga, algo que «no es otra cosa que defender a la justicia española en su conjunto», a la vez que defienden la integridad de los jueces españoles, la independencia del poder judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que no puede ser fiscalizada por los tribunales de un país extranjero «valiéndose además de cauces que incurren en claro fraude de ley».

Los jueces y fiscales recuerdan que «en el informe de la Abogacía del Estado de hace tan sólo unos días se entendió que concurrían los requisitos contemplados en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado para que España, a través del Ministerio de Justicia, se personase ante los juzgados y tribunales belgas en este asunto», descartando «los reparos añadidos» por el departamento que dirige Dolores Delgado, «que condiciona la personación a los términos en los que resulte admitida la demanda».

También se unió a través de un comunicado la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –a la que pertenece la ministra de Justicia–, que consideró que el Estado debe personarse en el procedimiento para defender la inmunidad de jurisdicción de los tribunales españoles.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción de España en la demanda civil contra Llarena en Bélgica, pero dejó claro que el amparo legal y el apoyo al juez le corresponden al propio Poder Judicial.