El CGPJ debatirá un informe muy crítico con la reforma de Justicia

Unanimidad. Los cinco vocales que integran la Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial consideran que el proyecto de reforma del Ministerio de Justicia sobre el Consejo General del Poder Judicial puede afectar gravemente a su función constitucional de garante de la independencia judicial, tienen serias dudas de que la «exclusividad» de sólo siete vocales pueda ajustarse a la Carta Magna o crea un Consejo de marcado carácter presidencialista. El informe redactado por la vocal Margarita Robles ha sido avalado en líneas generales por Margarita Uría, Carles Cruz, Concepción Espejel y Claro José Fernández, aunque se han suprimido «todas las críticas políticas que contenían juicios de valor hacia el prelegislador y hacia sus supuestas intenciones» con ese anteproyecto.

Así, se han eliminado toda referencia a que, de salir adelante el texto de Justicia, que se referían, por ejemplo, a que la independencia del Poder Judicial a tiempos anteriores a la Constitución», es decir, al franquismo, o cuando se comparaba al ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, con una especie de «Quijote», o la alusión a que se convertiría el CGPJ en una «dirección general del Ministerio de Justicia».

Sin embargo, sí ha habido coincidencia en que la redacción actual del anteproyecto merma gravemente sus competencias, especialmente las reglamentarias, en lo que afecta al Estatuto judicial, lo que, a su vez, incidiría en las funciones que la Ley Orgánica del Poder Judicial asigna al Consejo para la protección de la independencia judicial.

Otra de las críticas viene referida a la pretensión de que sólo siete vocales, que integrarían la Comisión Permanente, tengan dedicación exclusiva, al entender que no se ajusta a la Constitución. Al respecto, se señala en el informe que señala que jueces y magistrados no pueden desempeñar otros cargos públicos cuando estén en servicio activo y que «la apariencia de independencia e imparcialidad» puede verse afectada «cuando los vocales de origen judicial hayan de resolver asuntos de especial relevancia social, política o económica, ya que su nombre aparecerá indefectiblemente unido al grupo parlamentario que haya propuesto su designación».

Junto a ello, se rechaza que la constitución del nuevo CGPJ pueda realizarse con los diez vocales de la Cámara que hubiese procedido a su renovación y que permanezcan los que fueron designados por la otra, sin esperar al nombramiento del total de los 20 vocales, ya que ello puede vulnerar también la Carta Magna.

Por otro lado, el vocal Carles Cruz, propuesto por CiU, propuso que se recogiese en el texto la regulación de los consejos autonómicos. La propuesta no se aceceptó, aunque podrá plantearse en el Pleno.