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El CGPJ pedirá un «plus» para que los jueces no abandonen Cataluña

Desde 2017, 33 magistrados dejaron esa comunidad frente a los cuatro que regresaron. El ambiente «gravemente enrarecido», fuerza el éxodo judicial

  • El juez Llarena ha sufrido no pocos «escraches» por parte de los radicales independentistas / Efe
    El juez Llarena ha sufrido no pocos «escraches» por parte de los radicales independentistas / Efe

Tiempo de lectura 5 min.

20 de agosto de 2018. 03:33h

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Francisco Velasco 20/8/2018

Los jueces no quieren ir a Cataluña. No es un destino atractivo. No lo ha sido históricamente y en estos momentos lo es menos todavía. En la práctica totalidad de los concursos de traslados se producen más salidas que regreso a los juzgados de esta comunidad autónoma, con lo que siempre permanece un elevado número de vacantes sin cubrir. De hecho, a finales de 2017 las vacantes sin cubrir era de medio centenar y en el próximo concurso se espera que aumente porque las solicitudes para dejar Cataluña son más de los que han pedido regresar. Así, por ejemplo, en el concurso de magistrados que se publicó el 20 de junio se ofertó por el Consejo General del Poder Judicial 17 plazas más tres de nueva creación, de las que quedaron desiertas siete de esas plazas. Ahora, en un nuevo concurso se ofertan otras 18 plazas.

No se trata de que exista actualmente una «desbandada general» de jueces de ese territorio, pero sí es cierto, como reconocen desde la propia judicatura, que hay «más salidas que entradas», con lo que la situación lejos de mejorar empeora cada vez más. El idioma, el conocimiento del Derecho propio «y ahora todo lo del procés» son causas que influyen de forma notable en esta situación, además de que el cuerpo de opositores es sensiblemente inferior al de la mayoría de las comunidades autónomas. Como afirma a LA RAZÓN el vocal del CGPJ y miembro de su Comisión Permanente José Macías, «todo suma, y desde luego ahora se suma el ambiente gravemente enrarecido que se vive en Cataluña: cuando más empresas se van de Cataluña por millares, y lo hacen también los inspectores de Hacienda o los de trabajo o los policías, pretender que eso no suceda con los jueces es mucho pretender».

Al respecto, Pablo Baro Martín, presidente de la Asociación Profesional de Cataluña, no tiene dudas al respecto en cuanto al análisis y posibles causas de la situación actual: «Cataluña está perdiendo jueces y magistrados, pérdida probablemente motivada, o al menos agravada, por el “procés”. Sí que es verdad que tradicionalmente en esta comunidad ha existido un problema estructural, que no puede obviarse, motivado por diversos factores, pero con independencia de la causa que lo motive, lo cierto es que deben buscarse soluciones para conseguir dotar de estabilidad a la plantilla judicial en Cataluña. Pero es que sí que hay datos que revelan que ese problema estructural se ha visto intensificado por el “procés”».

Así, destaca cómo desde septiembre de 2017 hasta ahora se han marchado un total de 33 jueces y magistrados, y, en cambio, sólo 4 han elegido voluntariamente venir a Cataluña. En el mismo periodo en el año anterior, desde septiembre de 2016, son 25 jueces los que optaron por marcharse, regresando nueve.

«En porcentaje, supone que el número de jueces que hemos perdido en Cataluña antes y después del “procés”, ha aumentado en un 81,25 por ciento, cifra lo suficientemente alta como para valorar la necesidad de adoptar medidas», incide al respecto.

Para el presidente de la APM en Cataluña no es necesario indagar mucho para averiguar cuáles son los motivos del por qué de esa pérdida de atractivo en trabajar como juez en esta comunidad: «La inestabilidad política, la percepción –no corregida, y a veces alentada, por muchos representantes políticos– de la justicia española como justicia colonial por la mayor parte del sector independentista, o directamente el señalamiento del poder judicial como “enemigo del pueblo catalán”».

Y eso que en Cataluña, por esa misma situación, resulta mucho más fácil acceder antes a los órganos colegiados, como audiencias provinciales o al Tribunal Superior de Justicia, que además están mejor retribuidos, que en el resto de España, «porque hay muchos menos jueces que se asientan en el territorio, por lo que con la misma antigüedad en Cataluña se puede estar en el Tribunal Superior de Justicia y en Madrid seguir destinado en un juzgado».

Esta situación originó que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aprobase por unanimidad a finales del pasado año un acuerdo en que se instaba a retribuir con un complemento de destino «en atención a circunstancias especiales» a los jueces y magistrados destinados en esa comunidad o que pidan un destino en la misma. Este acuerdo fue remitido al CGPJ, cuya Comisión Permanente tomo conocimiento del mismo el pasado mes de abril.

Ante este panorama nada halagüeño, el Consejo General del Poder Judicial va a reclamar, precisamente, en la próxima reunión de la Mesa de Retribuciones –de la que forman parte los ministerios de Justicia y Hacienda y representantes de la Fiscalía General, además del propio CGPJ– que se apruebe ese complemento especial y se equipare en ese sentido a los jueces y magistrados destinados en Cataluña con los del Pais Vasco y Navarra, quienes perciben ese complemento salarial como plus de peligrosidad, Canarias y Baleraes, por insularidad, Ceuta y Melilla y los del Valle de Arán.

En este sentido, el vocal del CGPJ para Cataluña, José Macías, sostiene que «la situación en Cataluña no guarda relación precisa con la que motivó la inclusión de País Vasco y Navarra» en el anexo de la Ley de Retribuciones, «pero justifica igualmente que se incentive la estabilidad de los jueces de Cataluña», lo que justifica que el Consejo vaya a reclamar ese plus para los jueces que están destinados en esa comunidad autónoma. Y ello porque desde el CGPJ se asume que «la situación en Cataluña es más compleja que en otros territorios», por lo que debe tener su «reflejo en el ámbito retributivo». Pablo Baro también coincide en que se debe incentivar a los jueces en Cataluña, aunque esto no solucionaría por sí el problema y paliar la salida de magistrados de esa comunidad, sino que es necesario igualmente «recuperar la paz y la convivencia social, rebajando la tensión existente, ya que lo que se hace verdaderamente difícil es vivir en una sociedad fracturada».

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