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«El cumplimiento efectivo de las penas fue un avance decisivo contra ETA»

  • El atentado contra la casa cuartel de Santa Pola fue la gota que colmó el vaso en la lucha contra ETA y su entorno
    El atentado contra la casa cuartel de Santa Pola fue la gota que colmó el vaso en la lucha contra ETA y su entorno

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03 de noviembre de 2013. 01:57h

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3/11/2013

«El 21 de septiembre de 2001, diez días después de los atentados, nos reunimos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión en un Consejo Europeo Extraordinario que celebramos en Bruselas bajo presidencia belga. En la convocatoria, el primer ministro belga Guy Verhofstadt hablaba de "la necesidad de desarrollar e instaurar una política europea de lucha contra el terrorismo" que debería ser "global y perdurable en el tiempo". Estábamos de acuerdo.

Éramos conscientes de la importancia de que aquel Consejo Europeo alcanzase compromisos claros en la lucha antiterrorista. Si no se aprovechaba para hacerlo así, era bastante probable que reaparecieran las reticencias tradicionales y la tendencia a acomodarse en políticas de mínimos. En aquella situación teníamos un papel que desempeñar –y creo que eso era lo que los demás esperaban–y estábamos decididos a hacerlo. Preparamos a conciencia la intervención en el consejo, donde propuse un conjunto de medidas que marcarían el gran salto que debíamos dar en este terreno. Urgí a que se aprobara la orden europea de detención y entrega (la llamada "euroorden") y a acordar con carácter inmediato la constitución de equipos conjuntos de investigación.[...]

Fue en ese consejo donde, además de estas medidas, propuse –con éxito– la creación de una lista europea de organizaciones terroristas. Se trataba de incorporar a una lista aceptada por todos a los grupos y a las personas vinculadas a éstos que estuvieran identificados como amenaza terrorista. La incorporación a esa lista suponía definir objetivos prioritarios, y acababa con las coartadas políticas con las que los terroristas querían encubrir la violencia que practicaban.

Era importante también que la Unión reaccionase mostrando su voluntad de llevar a cabo una nueva política transatlántica en la lucha contra el terrorismo. No era sólo una cuestión de solidaridad. Nuestra seguridad como europeos dependía mucho de ello. Por eso, propuse que la UE promoviera una resolución en las Naciones Unidas para incluir al terrorismo en la categoría de crimen contra la humanidad. [...]

El avance que se estaba produciendo en la cooperación internacional y la nueva percepción del terrorismo como un problema que no sólo afectaba a quien lo sufría directamente nos ofrecían nuevas oportunidades de impulsar la lucha contra ETA. Pero también nos planteaba nuevas responsabilidades.

Coincidían factores muy diversos en aquella situación. El cambio de actitud internacional en relación con el terrorismo ocurría cuando estaba reciente la ruptura por parte de ETA de la "tregua" que había declarado en 1998. El Partido Popular había conseguido una amplia mayoría absoluta en las elecciones del año 2000, lo que abría la posibilidad de aprobar instrumentos legales que hasta entonces la falta de apoyo parlamentario había vedado. Además, el Partido Socialista, después de proponer un pacto de mínimos que en realidad pretendía escenificar principios obvios de la lucha antiterrorista sin valor añadido para ésta, se avino a un acuerdo de fondo en el que establecimos el objetivo de la derrota de ETA en lo que fue el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo de diciembre de 2000. Por otra parte, la persistencia criminal de ETA no hacía más que dejar en evidencia la política rupturista del nacionalismo vasco y sus pretensiones "soberanistas" que representaba desde la presidencia del Gobierno vasco Juan José Ibarretxe, a pesar del fracaso y la división que había deparado el Pacto de Estella. El fracaso de las políticas patrocinadas hasta el momento frente a ETA tanto por parte de la izquierda como del nacionalismo extendió el convencimiento de que había que continuar, fortalecer y ampliar una estrategia legal, judicial, policial y cívica, dentro y fuera de España, que movilizara todos los medios del Estado de derecho para derrotar al terrorismo. ETA debía perder toda esperanza de legitimarse a través de una negociación política, las organizaciones políticas y sociales bajo la disciplina etarra debían saber que esa sumisión a ETA tenía consecuencias, y los presos debían ser conscientes de que, en contra de lo que les contaban sus abogados en las cárceles, las condenas se iban a cumplir. [...]

No estábamos dispuestos a continuar transitando por caminos que en el mejor de los casos no nos llevaban a ningún lado más que a acrecentar la sensación de impunidad del mundo de ETA y de indefensión de tantos ciudadanos. Lo dijimos desde el comienzo de nuestra etapa de Gobierno y seguíamos en ello. Era el momento de redoblar ese impulso.

Se tenían que superar las causas que habían llevado a esta situación que nos proponíamos cambiar.

Por un lado, los socialistas se escudaban en un garantismo mal entendido para oponerse a nuevos instrumentos legales para combatir a ETA en todas sus expresiones. El PP, en legislaturas anteriores, había propuesto sin éxito medidas como el cumplimiento íntegro de las penas para delitos de terrorismo que el PSOE había rechazado alegando que iría en contra de la reinserción contemplada en la Constitución.[...]

Junto con la Ley de Partidos Políticos y casi tan importante como ésta, establecer el cumplimiento efectivo de las penas fue un avance decisivo para quebrar las estructuras de ETA. Había adquirido carta de naturaleza una interpretación abusiva del principio de reinserción, como si éste fuera el derecho a que se acortaran las penas.

En junio de 2003 se aprobó la ley que ponía fin a unos beneficios injustificados para los responsables de delitos de la máxima gravedad (homicidio, asesinato, violación). [...] Pero no se trataba sólo de hacer de la política penitenciaria un instrumento más eficaz de lucha contra ETA. Estaba en juego un principio de justicia y de reparación hacia la sociedad y hacia las víctimas, de firmeza y de credibilidad del Estado de Derecho. [...]

La ley abordaba aspectos sensibles desde el punto de vista político y acababa con una especie de tabú político».

«La negociamos con el Partido Socialista, que detrás de objeciones constitucionales escondía su incomodidad. La negociación no siempre fue fácil, pero alcanzamos un acuerdo que mantenía los objetivos y la eficacia de la nueva norma, y resultaba aceptable para los dos. A los socialistas les tocaba hacer el trayecto más largo desde las posiciones que tradicionalmente habían mantenido, y éramos conscientes de ello. Si podíamos facilitar las cosas para que hicieran ese viaje, manteniendo el sentido y la eficacia de la ley, estábamos dispuestos a ello. Desde luego que Batasuna y ETA se dieron perfecta cuenta de lo que aquello suponía para el control que ejercían sobre las cárceles y, más aún, lo que aquello significaba de determinación de acabar con la estructura de organizaciones que mantenía todavía en pie la actividad terrorista. Estábamos rompiendo el compacto entramado del terror, y sus responsables lo sabían. Escuchamos las críticas previsibles que hablaban del cumplimiento efectivo de las penas como una cadena perpetua encubierta y nos acusaban de introducir leyes de excepción. Pero ni lo uno ni lo otro. Contraponer a la ley la reinserción en el caso de ETA era un argumento más bien falaz porque la banda prohibía a sus presos acogerse a estas medidas y el balance de etarras reinsertados y genuinamente arrepentidos era perfectamente descriptible.

La creación de una nueva arquitectura legal que pusiera en manos del Estado de derecho los instrumentos necesarios para combatir el terrorismo en todos sus frentes necesitaba fortalecer el eslabón más débil. Éste era la persistencia de organizaciones políticas al servicio de ETA que podían actuar desde la legalidad, estar presente en las instituciones, disfrutar de la protección de éstas, recibir dinero público y ostentar poder en distintos niveles institucionales al mismo tiempo que ETA ejercía la violencia más sangrienta contra el sistema del que ilegítimamente se beneficiaba. De eso se trataba la Ley de Partidos Políticos, de impedir que esta situación se prolongara por más tiempo. Emplear los medios de la legalidad para impedir el atentado diario contra la democracia y la Constitución que perpetraban los cómplices políticos de ETA fue un objetivo central en la estrategia antiterrorista que pusimos en marcha.

De nuevo aquí, el garantismo mal entendido, los cálculos de oportunidad que siempre consideraban contraproducente actuar contra el brazo político de ETA y la paradójica creencia de que uno es más demócrata si deja actuar libremente a los que quieren acabar con la democracia habían recluido cualquier propuesta en este sentido al terreno de lo políticamente incorrecto. Sin embargo, Batasuna y antes Herri Batasuna y las demás marcas políticas de ETA habían ofrecido evidencias de su sometimiento a la banda y de su desprecio a las mínimas reglas del juego democrático.[...] Lejos de desvincularse de la banda terrorista, como muchos intentaban convencernos que harían, no perdían ninguna oportunidad de demostrar su estricta obediencia a los dictados de ETA, su inserción plena en el entramado etarra en una posición y con un papel esencial para la subsistencia de la organización.

Durante demasiado tiempo habíamos vivido instalados en una contradicción, la de luchar contra ETA y dejar intacto su soporte político en las propias instituciones democráticas. Esa contradicción se quería justificar en la imposibilidad jurídica de actuar contra la llamada "izquierda abertzale": tenemos el convencimiento moral de que Batasuna es ETA –decían los más sesudos–, pero otra cosa es que podamos probarlo. Bueno, pues había llegado el momento de demostrar que esa resignación estaba fuera de lugar y que, con el marco jurídico adecuado, el apoyo de la opinión pública y la actuación de las instituciones del Estado, aquella situación podía y debía acabar.

Esa contradicción a la que me refiero chirriaba aún más en el nuevo escenario que el 11-S había creado y en el que España había asumido una posición muy destacada en el ámbito europeo y de relación con Estados Unidos. La lista de organizaciones terroristas de la Unión Europa lo puso en evidencia. Inicialmente pudimos incorporar a la lista a individuos condenados por terrorismo y a la propia ETA como organización.

Pero no era posible incluir a Batasuna ni a otras marcas políticas que ETA venía utilizando porque nadie había impugnado estas organizaciones, ni las habían llevado a los tribunales como tales organizaciones, ni constaba en ningún lugar acusación de ilegalidad contra ellas. [...] Y teníamos que mandar un mensaje muy claro de que estábamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias que, con la ley en la mano, había que extraer, una vez comprobado que un partido político era un instrumento en manos de una organización terrorista y tenía por finalidad la destrucción del orden constitucional y democrático. [...]

A primeros de 2002 anuncié que enviaríamos al Congreso un proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos y que promoveríamos la ilegalización de las organizaciones políticas bajo las que actuaba la denominada "izquierda abertzale".

Meses antes había pedido a Ángel Acebes un informe reservado sobre la viabilidad jurídica y el encaje constitucional de una Ley de Partidos que previera determinados supuestos de ilegalización. Ángel me entregó el informe, que despejaba el horizonte para proceder a una operación jurídica, legislativa y política que me parecía crucial en la estrategia contra ETA.

A primeros de 2002 reuní en La Moncloa a Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Javier Zarzalejos. Les anuncié mi decisión de poner en marcha las actuaciones necesarias que llevaran a la ilegalización de Batasuna y las otras marcas políticas que ETA había utilizado (para entonces Herri Batasuna y Euskal Herritarrok).

Todos comprendieron y apoyaron la decisión, y cada uno expuso sus observaciones, en las que variaba el análisis de las dificultades que aquello iba a comportar.

Era una operación jurídica compleja y sensible. Afectaba a una de las libertades fundamentales de la Constitución, y algunos casos de ilegalización de partidos habían llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por lo que nuestras decisiones era seguro que serían escrutadas dentro y fuera de nuestro país.[...]

Cuando anunciamos la iniciativa, los socialistas se molestaron. Dijeron que los compromisos del Pacto Antiterrorista obligaban al Gobierno a tratar estas iniciativas en el seno del pacto antes de hacerlas públicas. Pero yo no quería que una previsible polémica antes de que la iniciativa hubiera tomado cuerpo la malograra. Íbamos a dialogar con el Partido Socialista, que era nuestro interlocutor cualificado en este terreno, y queríamos llegar a un acuerdo sobre la ley, como, por otra parte, hicimos. [... ]

El 19 de febrero se reunió la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista, en una sesión a la que junto a los secretarios generales del PP y el PSOE, Javier Arenas y José Luis Rodríguez Zapatero, asistió Mariano Rajoy como ministro del Interior. [...] El Partido Socialista se debatía entre su incomodidad ante una iniciativa de esta naturaleza y la constatación de que la Ley de Partidos Políticos contaba con un claro apoyo social, de modo que quedarse al margen sería muy difícil de explicar, y más para un partido que se quería presentar como una alternativa creíble. Pero también en este caso queríamos trabajar en los acuerdos posibles siempre que no desnaturalizaran el sentido y la eficacia de la ley. [...]

El PSOE no quería que un determinado número de diputados y senadores estuvieran legitimados para instar la ilegalización de un partido, de manera análoga a lo que ocurre con los recursos de inconstitucionalidad. Su idea era que pedir la ilegalización fuera una decisión del Gobierno que en modo alguno pudiese ser atribuida al Legislativo. [...]

Poco antes de que concluyera el plazo de enmiendas, Alfredo Pérez Rubalcaba llamó a Javier Zarzalejos para comunicarle que en aquellas circunstancias el PSOE no presentaría enmiendas acordadas. Zarzalejos le informó de la decisión de seguir adelante con la tramitación del proyecto porque ya se había hecho un esfuerzo de acercamiento en una cuestión que afectaba a la propia filosofía de la ley y que los socialistas debían comprender. [...]Al final la ley fue aprobada con los votos de PP, PSOE, CC y CiU, frente a PNV, IU y ERC, que votaron en contra.

Sin duda la reacción más grave en contra de la ley vino de la pastoral que los obispos vascos hicieron pública el 30 de mayo. "Nos preocupan como pastores –decían los obispos– algunas consecuencias sombrías que prevemos como sólidamente probables y que, sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA, deberían ser evitadas". Y añadían: "Nuestras preocupaciones no son sólo nuestras. Son compartidas por un porcentaje mayoritario de ciudadanos de diversas tendencias políticas, [...] probablemente la división y la confrontación cívica se agudizarían".

Lo que decían y el contexto en el que lo decían, el desequilibrio que encontrabaen el enfoque del problema y el alineamiento inequívoco con las posiciones nacionalistas que cargaban sobre la Ley de Partidos la responsabilidad de una supuesta confrontación civil en el País Vasco me causó una profunda indignación que no oculté.

Se creó una situación complicada con la jerarquía eclesiástica, luego resuelta.

Con todo, fue útil que se manifestaran las posiciones que auguraban estas consecuencias, las que insistían en que la ilegalización era inviable, para probar hasta qué punto su diagnóstico estaba equivocado. Porque la Ley de Partidos y la ilegalización después no provocaron ese amotinamiento popular en defensa de Batasuna que algunos esperaban. Más bien lo contrario. Lo que se puso de manifiesto fue la soledad en la que queda el matón cuando se le hace frente y la eficacia de la ley cuando acaba con la impunidad de los que se acostumbran a imponerse mediante el miedo y la coacción».

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