El dique contra otro «caso ERE»

El «caso de los ERE» en Andalucía, como tantos otros casos de corrupción, no hubiera podido producirse, ni haber estado oculto durante diez años, con la nueva Ley de Transparencia que tramita el Congreso ya en vigor. Por de pronto, el Portal de Transparencia que incluye la norma hubiera obligado a hacer públicas todas las ayudas, contratos y pólizas que forman parte de la causa judicial, y que la jueza Mercedes Alaya ha tenido que ir recabando como ha podido ante la resistencia de los responsables políticos de la Junta andaluza.

Las irregularidades con los ERE se fundamentan en la entrega fraudulenta de subvenciones a empresas y personas y en contratos plagados de comisiones irregulares. El proyecto de Ley de Transparencia obliga en el artículo 7 a hacer públicos todos los contratos, convenios y subvenciones, entre otras informaciones, con indicación de las partes firmantes, del objeto y de las obligaciones económicas. La norma también hubiera fiscalizado preventivamente el papel de los sindicatos. El Grupo Popular presentó una enmienda al proyecto inicial para que en su redacción se incluyera a los sindicatos, junto con las organizaciones empresariales y partidos políticos, en el ámbito de aplicación de la ley. Esta enmienda establece que los sindicatos deben hacer públicos todos los contratos, convenios y subvenciones recibidas de la Administración Pública. Además de sus organigramas,estructuras y retribuciones de sus dirigentes.

Esta obligación de dar explicaciones de todo el dinero público que reciben, y de su destino, hubiera complicado notablemente que incurriesen en las irregularidades detectadas. La Ley de Transparencia también podría haber evitado el «caso de los ERE» a través de una tercera vía, ya que otra enmienda del PP plantea que las entidades privadas, como las empresas beneficiadas en este escándalo, tendrán que publicar sus percepciones, todos los contratos y convenios que mantienen con las distintas Administraciones si reciben ayudas o subvenciones en cuantía superior a 100.000 euros o en porcentaje superior al 50 por ciento de sus ingresos. Eso supone que las empresas presuntamente implicadas tendrían que haber informado de todos los datos que la Justicia ahora investiga.

Estas tres vías informativas que abre la Ley de Transparencia habrían supuesto que cualquier ciudadano, y no sólo un miembro del Poder Judicial, tuviese acceso a la información y pudiese detectar las irregularidades cometidas. El Gobierno sostiene que la nueva ley sirve también como vacuna preventiva para que algunos de los responsables del caso, por acción o por omisión, lo hubiera parado antes de que se produjera o en sus primeros momentos. A esto hay se añade la regulación del Buen Gobierno, que establece una serie de obligaciones de comportamiento y sanciones que pueden llevar a los altos cargos implicados en casos como el de los ERE a ser destituidos y a no poder ocupar un cargo público por un periodo de entre 5 y 10 años. Además de pasar por el «trago» de la publicación de la declaración de incumplimiento en el Boletín Oficial del Estado.