Valencia
El empresario de los regalos: «Todo es una venganza»
Huerta declara ante el juez tras la detención del delegado del Gobierno en Valencia.
La titular del Juzgado de instrucción número 1 de Sagunto tomó ayer declaración a las últimas tres personas imputadas en el caso que fue detenido el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, por presuntas irregularidades en su etapa como conseller de Gobernación.
Una de ellas fue Vicente Huerta, propietario de Avialsa, así como un trabajador de aviación civil y un décimo imputado, el propietario de un coto de caza sito en Castilla-La Mancha, donde al parecer se realizaron las cacerías que pagaba el empresario y a las que asistía Castellano.
Huerta, al parecer, pasó la noche en dependencias policiales, ya que el viernes estuvo presente en el registro realizado a una de sus empresas, en el parque Tecnológico de Paterna, que finalizó en la madrugada de ayer.
A la salida del Juzgado, Vicente Huerta declaró a los periodistas allí congregados que todo es una venganza de un exgerente de Avialsa, Francisco Alandí Escrig, que durante 18 años fue gerente de esta empresa y que salió de ella en diciembre de 2012. Unos meses después, en junio de 2013, Avialsa se querelló contra él por un delito continuado de estafa, al descubrir que se había lucrado con dinero de la empresa, que utilizó para reformar su chalet o para gastos personales.
Esta querella de Avialsa contra Alandí se tramita en el Juzgado de instrucción número 2 de Sagunto, que en un auto del pasado 5 de mayo requería a Alandi para que depositara 500.000 euros de fianza para hacer frente a responsabilidades derivadas de un presunto delito de estafa agravada y apropiación indebida.
Huerta, según fuentes judiciales, es por el momento el único de los detenidos que ha contestado a las preguntas de la juez y del fiscal anticorrupción de Valencia, ya que los siete detenidos ayer, entre ellos Serafín Castellano, se negaron a prestar declaración.
Además de Castellano, en esta operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y llevada a cabo por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, entre los detenidos figuran al menos dos empresarios, y se ha imputado a una décima persona que se encontraba en prisión con anterioridad.
Desde octubre de 2014 se lleva a cabo la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta contratación irregular por parte de Castellano, durante su etapa como conseller de Gobernación (2007-2014), a la empresa de servicios contraincendios Avialsa T-35, a la que adjudicó un contrato por 22 millones de euros en 2010.
Las diligencias dieron comienzo en Madrid pero la investigación posterior se ha llevado a cabo desde Valencia, provincia en la que presuntamente se cometieron los delitos.
Tras las declaraciones de ayer, ya pasaron por el Juzgado los diez, pues los siete restantes lo hicieron en el viernes que quedaron en libertad con cargos tras comparecer ante la autoridad judicial,, entre ellos Castellano, a quien se retiró el pasaportes y con la obligación de comparecer ante la juez cuantas veces sea requerido.
Vicente Huerta denunció por estafa y apropiación indebida en 2013 a su ex gerente Fernando Alandí, el supuesto delator de una trama de corrupción que propició las detenciones del viernes.
Alandí fue gerente de Avialsa durante 18 años hasta que en diciembre de 2012 abandonó la empresa al decidir su propietario encargar una auditoría externa. Según un auto del pasado 5 de mayo del juez Héctor Ignacio Santamaría, titular de Instrucción 2 de Sagunto, Avialsa (Huerta) reclamó que se fijase para Alandí una fianza de 7,6 millones de euros, petición que luego se rebajó hasta los 2,5 millones, para hacer frente a las acusaciones de estafa y apropiación indebida.
La querella señala que su ex gerente se apropió de fondos de la empresa para reformar una vivienda en Sagunto (87.394 euros), abonar viajes de ocio (92.014 euros), comprar una parcela en la urbanización Valle de los Monasterios (269.667 euros) y adquirir oficinas en polígono Ingruinsa.
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