El final del marisco subvencionado

SEVILLA- Todos los indicios de la contabilidad ugetista apuntan a que el presunto desvío de fondos de subvenciones estaba institucionalizado. Así lo ha documentado LA RAZÓN en numerosas informaciones en las últimas semanas. El uso de las ayudas públicas para actividades propias de la organización era imprescindible para mantener la estructura del sindicato, ya que las cuotas de los afiliados no eran suficientes. Muchos gastos se justificaban en función de las subvenciones que estaban «vivas». Así, UGT ha pagado numerosas comidas, asistencias a manifestaciones de sus delegados sindicales o material interno de la organización con cargo a ayudas otorgadas por la Administración andaluza. En algunos casos, como las recibidas para acciones de formación para desempleados, con financiación de la Unión Europea. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que aún pueden existir sorpresas en la contabilidad ugetista que amplíen el escándalo.

Fue la propia dirección regional de UGT la que ofreció los primeros síntomas de su dependencia de las subvenciones públicas cuando planteó un ERE y un ERTE ante la reducción de los fondos que le llegaban de la Junta. Aplicó la reforma laboral del Gobierno que tanto había combatido y que acabó con un ERE que ha afectado a 159 trabajadores y un ERTE en el que hay involucrados 59 empleados. Éste último ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha condenado al sindicato al pago de los salarios dejados de percibir por los afectados y le ha recriminado la «opacidad» de sus cuentas.

Ahora el sindicato mantiene una estructura que no puede mantener. En época de bonanza, no faltaban las comidas multitudinarias en restaurantes como colofón a una reunión de los órganos directivos o la acumulación de sedes pagadas con el dinero que salía de los Presupuestos andaluces. La dirección también obtenía remuneración por su trabajo: las colaboraciones sindicales servían para garantizarse un sobresueldo que oscilaba entre los 2.000 y los 900 euros al mes en función del cargo que ostentaban en la organización.

En quiebra y sin poder pagar las nóminas

La Junta de Andalucía ha iniciado un proceso de revisión de oficio de las subvenciones recibidas por UGT-A. Sólo en dos de ellas concedidas en 2009 ha encontrado un pufo de 1,8 millones de euros, cantidad que ahora reclamará al sindicato para su devolución a las arcas públicas. La Administración autonómica revisa un total de 17 subvenciones en las que ha hallado «indicios de irregularidad» a raíz de lo publicado en los medios de comunicación, hecho que contrasta con la aparente inacción mantenida durante años. La situación financiera del sindicato es mala, por lo que si se sustancia esta petición de devolución, tendrá que enfrentarse a un grave problema. El martes, la dirección regional anunció a las secciones sindicales que deberán debatir nuevas medidas de ajuste y que exigirá a las ocho uniones provinciales «nuevos planes de viabilidad». Entonces no había trascendido la decisión del bipartito andaluz y ya argumentaba que UGT no tenía liquidez para consignar los 700.000 euros que supone la sentencia del TSJA que anula su ERTE y «hacer frente a los sueldos de 2014».