El fiscal de Cataluña que avaló la consulta soberanista, a un paso del cese

Las declaraciones del fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, en las que consideraba legítimo que Cataluña aspire a consultar a sus ciudadanos sobre su futuro político, a través de una ley de consultas –dado que la legislación no permite un referéndum sobre la independencia–, le pueden salir muy caras

Las declaraciones del fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, en las que consideraba legítimo que Cataluña aspire a consultar a sus ciudadanos sobre su futuro político, a través de una ley de consultas –dado que la legislación no permite un referéndum sobre la independencia–, le pueden salir muy caras. Tal como adelantaba ayer en exclusiva LA RAZÓN, la Fiscalía General del Estado no pensaba quedarse cruzada de brazos y preparaba «respuestas inmediatas». Y así ha sido.

Apenas 24 horas después, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, firmaba un decreto para iniciar los trámites para una posible remoción del cargo de Rodríguez Sol, una decisión que no se va a prolongar mucho tiempo.

El decreto de remoción lo firmaba al amparo de lo dispuesto en el artículo

41. 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el que se prevé que el fiscal general podrá proponer al Gobierno la remoción de los fiscales tribunales superiores de Justicia, entre otros. En ese precepto se establecen los trámites que deben seguirse para hasta concluir el expediente.

Así, en primer lugar, es necesario oír al afectado, para que pueda dar su explicación sobre los motivos que han determinado la apertura del expediente. Por ello, «se le citará en los próximos días» para que acuda a la Fiscalía General del Estado para dar las explicaciones que considere convenientes.

Una vez cumplido ese primer paso, se convocará un Consejo Fiscal, órgano representativo de la Carrera, para que se pronuncie sobre si apoya o no la remoción del cargo de Rodríguez Sol. Entre los nueve vocales electos, la Asociación de Fiscales, a la que pertenece el afectado, cuenta con seis representantes –lo máximo que podía obtener–, mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) tiene tres consejeros. El resto lo forman vocales en función del cargo que ocupan: los fiscales jefes de la Inspección y de la Secretaría General Técnica y el fiscal general del Estado, que es quien lo preside.

El dictamen del Consejo Fiscal, como todos los que emite, por ejemplo, en las propuestas de nombramientos, no son vinculantes, por lo que Torres-Dulce será quien tenga la última decisión final sobre si propone o no al Ejecutivo el cese de Rodríguez Sol al frente de la Fiscalía de Cataluña.

En el «haber» del fiscal superior de la mencionada comunidad autónoma se encuentra que no es el primer encontronazo que tiene con Torres-Dulce, en menos de nueve meses que lleva en el cargo. Su decisión de abrir unas diligencias contra el diario «El Mundo» por si sus publicaciones relacionadas con supuestas comisiones ilegales pudieran constituir un delito de injurias o calumnias, le costó una desautorización pública por parte del fiscal general. El principal responsable del Ministerio Público dejó claro que no compartía ni el fondo ni la forma utilizada por Rodríguez Sol, por no haber sido informado previamente y al considerar que debería haber esperado a conocer todos los datos y hechos sobre el asunto en cuestión. En el «debe» cuenta con el apoyo de parte de sus compañeros. Así, la UPF considera que sus declaraciones «están dentro de la libertad de expresión», por lo que no es «motivo de remoción». Desde la Asociación de Fiscales se guarda un prudente silencio tanto sobre las manifestaciones como de la decisión de incoar expediente, aunque fuentes cercanas a la misma destacaron a este periódico que Rodríguez Sol «es un gran fiscal» y confían «en que todo se aclare».

INTENTO DE RECTIFICACIÓN

Tras la polémica suscitada por sus palabras, Rodríguez Sol intentó matizarlas ayer en un comunicado recogido por Efe. En él, niega «cualquier apoyo, directo o indirecto, a un proceso secesionista», y recalca que «no es posible un referéndum sobre la independencia con el actual marco legal, que comparte, respeta y acata». También asegura que sus afirmaciones «parten de un marco legal y comentan distintas posibilidades, que corresponderá desarrollar al poder legislativo», así como que la hipotética Ley de Consultas no se podría usar para «soslayar las leyes vigentes».