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Luzón se propone acabar con las filtraciones en Anticorrupción

El sustituto de Manuel Moix obtiene el aval de ocho de los miembros del Consejo Fiscal.

El sustituto de Manuel Moix obtiene el aval de ocho de los miembros del Consejo Fiscal.

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Alejandro Luzón (Madrid, 1964), fiscal del «caso Bankia» o de las «tarjetas black», dirigirá la Fiscalía Anticorrupción, una silla «caliente» vacante tras el efímero paso de Manuel Moix, que dimitió el pasado 1 de junio, apenas tres meses después de tomar posesión, al hacerse pública la existencia de su sociedad familiar en Panamá. Luzón obtuvo ayer un respaldo mayoritario del Consejo Fiscal, el máximo órgano consultivo del fiscal general, ocho votos frente a los tres que consiguió el fiscal del Tribunal Supremo Pedro Crespo, el candidato de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Los seis miembros de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) le respaldaron en bloque y, además, recibió el apoyo de dos de los tres integrantes natos del citado consejo (el otro, el fiscal general, no participa en la votación): el del teniente fiscal Luis Navajas y el del jefe de la Inspección, Fausto Cartagena. Los otros cinco candidatos no cosecharon ningún aval.

La decisión de este órgano consultivo no es vinculante, pero José Manuel Maza –como ya hizo recientemente con la designación de Jesús Alonso como fiscal jefe de la Audiencia Nacional o con la del propio Moix– volverá a escuchar esa voz mayoritaria y propondrá al Gobierno el nombramiento de Luzón, encomendándose a su experiencia y prestigio en la carrera para apaciguar una Anticorrupción que ha vivido meses convulsos. Y es que como reconocen fuentes fiscales, en esta ocasión «no hay margen de error».

Pionero en la creación de esta unidad especializada de la Fiscalía –constituida en 1995 para hace frente a la ola de corrupción de los casos Roldán, Filesa, fondos reservados y Banesto–, Luzón no es un candidato de consenso, pero casi. Se da la paradoja de que dos de los tres miembros de la progresista UPF que ahora le han negado el voto (el otro se decantó por Antonio Romeral, el fiscal que investigó la «caja B» del PP) se lo dieron el pasado febrero en el proceso de selección de Moix, y de que los que ahora le han apoyado sin fisuras, los seis integrantes de la conservadora Asociación de Fiscales, prefirieron hace cinco meses al propio Moix. Los únicos que han repetido candidato, por tanto, son los dos miembros natos, que también en aquella ocasión eligieron a Luzón.

La llegada de Luzón a la jefatura de Anticorrupción (integrada por 142 fiscales, incluidos los delegados territoriales) entierra la apuesta del fiscal general de situar al frente de la misma a un fiscal ajeno a la unidad especializada. Luzón está destinado actualmente en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, pero durante casi veinte años (1995-2015) formó parte de Anticorrupción, donde fue uno de los ocho fiscales que la inauguraron y en la que ejerció la acusación en el primer juicio donde estuvo representada, el del «caso Roldán».

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¿Qué planes tiene el nuevo fiscal jefe para Anticorrupción, que sólo el pasado año recibió 2.633 denuncias y tramitó 524 asuntos, el triple que una década atrás? Las líneas maestras de su proyecto están expuestas en la propuesta de actuación con la que ha convencido a la mayoría del Consejo Fiscal. Luzón pretende llevar a cabo «una mejora organizativa, eliminando prácticas que se han revelado inadecuadas, supliendo o minimizando las carencias detectadas y reforzando el proceso de control», y reforzar una plantilla que «soporta una importante y progresiva carga de trabajo» al hacer frente, no sólo al aluvión de investigaciones relacionadas con la corrupción, sino también a las derivadas de la criminalidad organizada y la crisis bancaria, que le han colocado, denunciaba, «en una situación próxima a la saturación, con el riesgo cierto de caer en la ineficacia».

El nuevo responsable de Anticorrupción también quiere poner coto a las investigaciones interminables, «una de las lacras que dañan la eficacia y la propia credibilidad de la Administración de Justicia», acortando su duración mediante su «adecuado seguimiento y control» y evitando agotar la instrucción «con diligencias que se pueden practicar, en su caso, en el juicio oral y renunciando a líneas de investigación colaterales a los hechos investigados que demoran la conclusión del procedimiento sin aportar valor a la acusación».

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Del mismo modo, se ha fijado como objetivo terminar con las filtraciones de «informaciones secretas o reservadas» o de discrepancias que deben circunscribirse, insiste, al ámbito interno. Quizá por ello aboga por celebrar más juntas de fiscales y por sumar a ellas a fiscales delegados cuando «se traten temas que puedan afectarles». Y es que Luzón considera que estos fiscales Anticorrupción desplegados por las principales ciudades españolas han experimentado a veces «una cierta sensación de aislamiento» y «desamparo».

El nuevo hombre fuerte de Anticorrupción promete, no obstante, una «política abierta y transparente hacia los medios de comunicación» y está dispuesto a asumir la función de portavoz para dar a conocer un trabajo que, según él, «con frecuencia, permanece oculto o es insuficientemente percibido por la opinión pública». Lo hará, asegura en su propuesta de actuación, haciendo gala de lo que ha sido una constante en sus 27 años en la carrera fiscal, «en un plano de total discreción, tratando de evitar protagonismos y notoriedades innecesarias».