El fiscal pide año y medio de cárcel por amenazar a Llarena

Acusa a la autora del tuit de un delito de amenazas, coacciones e injurias a funcionario público.

A la tuitera Cori Sauné Ollé le puede salir caro el mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter en el que arremetía contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien investiga el «procés», y su mujer, actual directora de la Escuela Judicial, y en el que señalaba que ambos debían saber que «no podrán ir por la calle a partir de ahora». La Fiscalía de Tarragona soliclta, en su escrito de acusación, que se le imponga un año y seis meses de cárcel por un delito de amenazas o, alternativamente, de coacciones, y una multa de 2.100 euros por injurias a funcionario público, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes fiscales. El juicio será el próximo 11 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 1 de Reus. El Ministerio Público entiende que del contenido de ese tuit se desprende la existencia de unas amenazas, relacionadas, principalmente, con el final del mismo, ya que de su contenido se puede desprender que «objetivamente» puede causar angustia tanto al instructor del «procés» como de su mujer, de la cual se daban datos exactos de su lugar de trabajo y de su lugar de residencia. Así, el fiscal sostiene que el tuit pretendía «provocar intranquilidad de ánimo, inquietud y zozobra» tanto en el juez como en su esposa y, también, «dificultarles su libertad de obrar».

La tuitera citada fue detenida el pasado miércoles por los Mossos d´Esquadra en Reus y en su comparecencia ante el juez se acogió a su derecho a no declarar. Quedó en libertad provisional. Poco después de que difundiese el mencionado tuit, el pasado 25 de marzo, Cori Sauné modificó la privacidad para el acceso a su cuenta, con lo que sólo sus «contactos» pueden ver lo que difunde a través de la misma.

No ha sido ésta la única amenaza que ha sufrido Pablo Llarena y su familia. De forma casi simultánea, la vivienda que posee en Gerona apareció con pintadas de «fascista». Estos hechos motivaron que tanto la Escuela Judicial como el Consejo General del Poder Judicial salieran de inmediato en defensa del magistrado y su familia.

Así, la Comisión Permanente del CGPJ aprobó el pasado día 25, en una reunión extraordinaria, instar al Ministerio del Interior la adopción de medidas para proteger al magistrado Pablo Llarena y a su familia. El órgano de gobierno de los jueces y magistrados destacaba que las acciones contra la residencia del citado juez «entrañan una manifiesta coacción sobre el magistrado y su familia que atentan contra el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas como miembro y servidor del Poder Judicial». Algo similar instó el fiscal jefe de Cataluña, Francisco Bañares, apenas un día después, a los Mossos d'Esquadra, tras conocerse la difusión del mencionado tuit. También a raíz del polémico mensaje, el claustro de profesores de la Escuela Judicial denunció igualmente la «coacción, intimidación y acoso» que sufre su directora, por su condición de esposa del magistrado Pablo Llarena.