La Fiscalía se harta y pide imputar por falso testimonio a un alto cargo de la Generalitat

El representante del Ministerio Público cree que podría haber mentido al decir que no sabía nada de la campaña que llamaba a votar el 1-O

Tras la sucesión de testigos obstinados en echar balones fuera sobre la cartelería del referéndum ilegal del 1-O, el vaso de la paciencia de la Fiscalía se ha colmado hoy con la declaración de Jaume Mestre, responsable de Difusión de la Generalitat, quien pese a estar al frente de las campañas publicitarias del Ejecutivo autonómico se ha prodigado en respuestas elusivas sobre los trabajos que encargó la Conselleria de Presidencia, que dirigía Jordi Turull, para las campañas de registro de catalanes en el exterior, para la que se encargaron trabajos por valor de 266.505 euros que, según ha insistido, ni se facturaron ni se llegaron a pagar a los proveedores. Y la segunda, Civisme, "para promover valores democráticos en la sociedad", con un coste de 2,7 millones de euros y cuyo concurso "quedó desierto", aunque finalmente el anuncio de las vías del tren para llamar a la gente a votar el 1-O se emitió por la Corporación Catalana de Medios de Comunicación (CCMA). Por esta difusión, según la Fiscalía, la Corporación libró dos facturas a Presidencia por más de 277.000 euros. "Lo oí, pero no las vi", ha respondido Mestre, quien según ha añadido -sublimando su escapismo testifical- ni siquiera sabía si esa campaña "era de pago".

En ese momento, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha interrumpido ante sus "respuestas absolutamente evasivas"para recordarle su obligación de decir la verdad y las posibles consecuencias penales de obviar ese mandato legal. "En el Código Penal, el delito de falso testimonio no consiste solamente en no decir la verdad"sino también, le ha recordado, en alterarla "con reticencias o inexactitudes".

Ante ese primer aviso, sin embargo, Mestre ha seguido en sus trece y ha vuelto a negar, como sostiene la Fiscalía, que se reuniera con la presidenta de la CCMA, Núria Llorach (quien fue citada como testigo aunque se acogió a su derecho a no declarar al estar investigada por los preparativos de la consulta ilegal en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona), para realizar el encargo de difusión del anuncio del 1-O en TV3 y Catalunya Radio. "Yo vi los anuncios en televisión, pero no le di la mayor importancia porque el concurso había quedado desierto...", ha reiterado.

"Pero al negarse dos empresas (Carat y Focus Media) -le ha insistido el fiscal Moreno-, quien difunde el anuncio es la Corporación Catalana de Medios y emite dos facturas, luego era una campaña de pago...". El testigo, no obstante, ha vuelto a recalcar que desconoce si la CCMA ha cobrado esas facturas o las piensa reclamar. Y en cuanto a la cartelería del 1-O, también se ha cruzado de brazos. "No me ocupé de esos carteles. No sé nada".
Concluido su interrogatorio, el fiscal ha pedido al tribunal que se deduzca testimonio contra el testigo por falso testimonio, una decisión que en todo caso depende de la Sala, que tendrá que resolver en la sentencia esa petición de que se investigue al alto cargo de la Generalitat por obviar, presumiblemente, su obligación de decir la verdad. Ante el cariz de los acontecimientos, el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, solicitó a Marchena que se procediese a leer sus derechos al testigo, anticipando una posible imputación que el magistrado, ha precisado, no se ha producido. "Él está advertido -ha zanjado la cuestión el presidente del tribunal- y sabe que tiene que decir la verdad, pero este señor no está imputado en ningún procedimiento. No podemos ahora verlo como imputado ni pronunciarnos sobre la deducción de testimonio".