Caso Nóos

La Fiscalía pide 10 años de cárcel para Urdangarín y 12 para Torres por Nóos

Reclama también al TS más pena para Matas y la condena a 4 absueltos de la «trama» valenciana

La Fiscalía pide 10 años de cárcel para Urdangarín y 12 para Torres por Nóos
La Fiscalía pide 10 años de cárcel para Urdangarín y 12 para Torres por Nóoslarazon

Reclama también al TS más pena para Matas y la condena a 4 absueltos de la «trama» valenciana.

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide que la condena a Iñaki Urdangarín por el «caso Nóos» aumente de los seis años y tres meses de prisión que le impuso la Audiencia de Baleares a un máximo de diez años de cárcel. En el caso de su ex socio Diego Torres, el Ministerio Público solicita que pase de los ocho años y medio de cárcel actuales a 12 años y tres meses de privación de libertad. Además, en su recurso de casación ante el Alto Tribunal –al que le corresponde ahora la decisión final, que previsiblemente se hará pública el próximo otoño–, la fiscal María Ángeles Garrido reclama que se condene a cuatro de los acusados de la supuesta trama valenciana, que fueron absueltos, y una condena de casi ocho años para el ex presidente balear Jaume Matas (frente a los tres años y ocho meses actuales).

La petición de agravamiento de la pena al ex duque de Palma y Torres se justifica, sobre todo, en los cinco años de prisión que solicita la Fiscalía para ambos por los foros de Baleares de 2005 y 2006, que organizó el Instituto Nóos, por un delito continuado de malversación en concurso con otro, también continuado, de prevaricación y un delito de falsedad, delitos que la Audiencia de Baleares únicamente apreció en la edición de 2006 y por los que el ex duque de Palma fue condenado a dos años y ocho meses de prisión. Así que de asumir el Supremo las tesis de la Fiscalía la condena se incrementaría, sólo por estos hechos, en dos años y cuatro meses de prisión.

El Ministerio Público sostiene que no puede «saldarse la cuestión», como argumentó el tribunal, «considerando que al haberse prestado los servicios pactados en los contratos celebrados no existe perjuicio para la Administración y no puede estimarse cometido un delito de malversación».

Alternativamente, y siempre en referencia a los dos convenios firmados con el Gobierno balear en 2005 y 2006, la Fiscalía reclama la imposición de una condena a cuatro años y medio de prisión para Urdangarín y su entonces socio, con la circunstancia atenuante de reparación del daño en el caso del primero, a cuenta del Illes Balears Fórum de 2006. Igualmente, defiende que los siete meses de condena por fraude a la Administración se endurezcan hasta alcanzar los dos años de prisión en el caso del marido de la Infanta Cristina y de dos años y medio en el de Torres.

De aceptarse esta segunda opción, Urdangarín sería condenado a nueve años y medio de prisión y Torres, a once años y diez meses.

En ambos casos, en esas peticiones de condena de la Fiscalía del Supremo están incluidos, en el caso del ex duque de Palma, los dos años de prisión por otros tantos delitos fiscales y el año de cárcel por tráfico de influencias a los que fue condenado por la Audiencia de Baleares, que permanecerían inalterados.

La fiscal sostiene que en el Illes Balears Forum de 2005 también existió un «ilícito apoderamiento de fondos» y acusa al entonces presidente balear Jaume Matas y al resto de acusados de la trama de poner en marcha un «montaje» y una «burla a las previsiones legales» al aquietarse «a la voluntad contractual y con ella al beneficio económico de los sres. Torres y Urdangarín» con «obediencia plena» a sus peticiones en perjuicio de las arcas públicas.

La representante del Ministerio Público sostiene que las administraciones balear contrataron la organización de los congresos sobre turismo y deporte con el Instituto Nóos por el «grado de relevancia institucional» de Urdangarín «por razón de su matrimonio» y «con ocasión de su proximidad a la Jefatura del Estado».

La Fiscalía ve también un delito de falsedad en concurso con otro de prevaricación en la actuación de Jorge Vela, ex presidente de Cacsa (Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia), y de Elisa Maldonado, ex jefa jurídica de la entidad. Para ambos, que fueron absueltos, solicita cinco años y medio de cárcel.