El fiscal superior de Cataluña avala la consulta ilegal de Mas

BARCELONA- Artur Mas ha puesto en marcha la agenda para buscar complicidades de cara a convocar el referéndum soberanista. Su apuesta por «internacionalizar el conflicto» le ha llevado en los últimos días a mantener unos encuentros que pasan por su homólogo en Flandes, Kris Peeters, o el primer ministro de Gales, Carwyn Jones. Ninguno de los dos se posicionó abiertamente a favor del proceso soberanista y, especialmente, Jones recetó diálogo. «Estas cuestiones se negocian y se solucionan mejor entre gobiernos», aseguró el primer ministro de Gales.

Donde Mas sí está encontrando apoyos es a nivel interno de una de las autoridades que acudió a las dos cumbres que convocó en febrero con los organismos de control para buscar soluciones a la corrupción. El fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, abrió ayer la polémica en la judicatura al asegurar que ve legítimo que Cataluña aspire a consultar a los ciudadanos sobre su futuro político. Y ello después de que el pasado viernes, el Gobierno llevara al Tribunal Constitucional la suspensión de la declaración soberanista. Rodríguez Sol avisó, en una entrevista a Europa Press, que actualmente «no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia», pero hay «otras alternativas y una es utilizar la ley de consultas con preguntas de otro estilo y aquí es donde se puede posiblemente jugar». La futura ley de consultas es el instrumento en el que la Generalitat quiere ampararse para convocar un referéndum que rechaza de plano el Gobierno. CiU trabaja a marchas forzadas con el objetivo de que el Parlament la apruebe este mismo año.

Para el fiscal superior de Cataluña, nombrado el pasado julio después de llevar desde 2008 como fiscal jefe de Barcelona, hay que intentar conectar el marco legal «con una realidad social de una parte importante de la población de Cataluña, que cree que es mejor para Cataluña otro modelo». A su juicio, «al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar lo que quiere; en general, a cualquier pueblo» y en el proceso soberanista que Mas ha abierto en Cataluña «si no hay solución en Madrid, hay que ver qué ámbito de competencias nos quedan y qué se puede hacer a través de una ley de consultas».

Martínez Sol incluso utilizó los símiles marineros que tanto gustan a Mas para apuntar que «en estos momentos del viaje a Ítaca, los billetes los pueden tener en Madrid. Y nos podemos encontrar con que la postura de Madrid no sea muy favorable a los cruceros». En definitiva, hay que «ser realista» pero «al final los legisladores tienen que ser conscientes de que legislan para los ciudadanos y tienen que buscar el bien común de todos y ver si la unidad nos fortalece o puede llevar a hacernos más débiles».

El Partido Popular denunció que no es tan simple como aprobar una ley bajo la que amparar el referéndum secesionista de Cataluña como lo dibuja el fiscal superior de Cataluña. El portavoz adjunto del PP en el Parlament, Santiago Rodríguez, mostró su sorpresa por las declaraciones de Martínez Sol porque «se olvida de analizar el paso siguiente: darle satisfacción a la consulta». Advirtió en declaraciones a LA RAZÓN de que «CiU, ERC y PSC tienen prisa» por llevar al Parlament una ley que, si bien está reconocida en el Estatut, se podría utilizar de una forma fraudulenta ya que no se puede realizar una consulta que supera las competencias de la Generalitat. De hecho, el Gobierno de Zapatero recurrió al Tribunal Constitucional el germen de la futura norma, la Ley de Cataluña sobre consultas populares que impulsó el tripartito. Tras un veto de cinco meses y a la espera de la sentencia, el Alto Tribunal recordó que «el posible objeto de las consultas ha de circunscribirse al ámbito de las competencias de la Generalitat, mientras que la celebración de una eventual consulta está, en todo caso, supeditada a la obtención de la previa autorización del Estado».

Por otro lado, las declaraciones de Martín Rodríguez Sol no quedarán sin respuesta. De hecho, según confirmaron ayer a LA RAZÓN fuentes solventes la Fiscalía General del Estado piensa estudiarlas muy detenidamente para analizar si han traspasado los límites de la libertad de expresión a la que están sometidos los fiscales. La reacción, aseguraron al respecto las citadas fuentes, «será inmediata» y es más que probable que «se tomen medidas», informa F. Velasco.

Mas no descarta elecciones plebiscitarias

El acuerdo de legislatura que firmaron CiU y ERC describía los pasos a seguir para convocar la polémica consulta soberanista en 2014. El primero, aprobar una declaración de soberanía en el Parlament. Luego tocaba plantear la convocatoria al Gobierno de Mariano Rajoy. Y, paralelamente, iniciar los trámites para aprobar la ley de consultas catalana, que dé cobertura a un referéndum sobre la independencia con carácter no vinculante al margen de la Constitución. Mas contaba con que el Gobierno rechazaría la negociación y llevaría la ley catalana de consultas al Constitucional. Pero le ha plantado cara antes de hora, impugnando la declaración soberanista. Aunque el pacto de legislatura no lo prevé, Mas no descarta la celebración de unas elecciones plebiscitarias.