El fiasco de un Gobierno bajo mínimos

Minoría parlamentaria, polémicas y rectificaciones marcan el «sanchismo».

276 días. Pedro Sánchez ha vuelto a superar los límites de lo inédito, convirtiendo a su Gobierno en el más breve de la democracia. Poco más de ocho meses median entre la primera moción de censura exitosa de la historia de España –la que consiguió hurtar el poder a Mariano Rajoy– y el anuncio que ayer se oficializó en Moncloa. El presidente del Gobierno que dijo asumir las riendas del país con el objetivo de dotarlo de normalidad antes de llamar a las urnas, lo hace ahora sin haber alcanzado la meta que se impuso. España se enfrentará a las terceras elecciones en menos de cuatro años con un panorama de crispación social y de bloqueo político que le ha impedido gobernar con una exigua mayoría de 84 diputados. En el ocaso de su mandato, Sánchez se vio cercado por la oposición, los independentistas y su propio partido –a cuenta de la estrategia para Cataluña–, una presión que ha contribuido a forzar el adelanto electoral.

Lejos queda ahora la «ola de ilusión» que despertó el Ejecutivo con la conformación de su Gabinete. Sánchez confió en perfiles variados, complementando a pesos pesados del partido con referentes en áreas como la Ciencia o la Justicia. Sin embargo, la luna de miel duró tan solo seis días, lo que tardó en producirse la primera crisis de gobierno y la salida del ministro de Cultura Màxim Huerta. No fue el único, también la titular de Sanidad Carmen Montón se vio obligada a renunciar por la polémica de su Trabajo Fin de Máster. Las conversaciones de Dolores Delgado con el ex comisario Villarejo, la sociedad patrimonial de Pedro Duque, el escándalo de la venta de acciones de Abengoa con información privilegiada de Josep Borrell o el doctorado del propio Sánchez fueron minando la imagen de un Ejecutivo que intentó capear el temporal a golpe de medidas estrella. Solo la subida del Salario Mínimo, la revalorización de las pensiones o la subida del sueldo de los funcionarios se salvarán de la «quema» que supondrá la disolución de las Cortes. En el tintero quedan iniciativas como la derogación de la reforma laboral y la «ley mordaza» o la supresión del voto rogado, entre otras, cuya realización queda comprometida por el fin de ciclo.

Además de tiempo para sacar estas medidas adelante, al Gobierno le ha faltado el apoyo de los socios que le auparon al poder. Esta carencia quedó patente el pasado miércoles en la votación de los Presupuestos, coartada para el adelanto electoral, pero también en otros momentos de su breve mandato. La renovación de RTVE naufragó en el Congreso, así como la senda de estabilidad, por no contar con el aval de Unidos Podemos. No obstante, el Gobierno presume de haber aprobado 13 leyes y hasta 25 decretos leyes con el consenso de la Cámara, incluso con el apoyo de algunos de los partidos que más han hecho por su desgaste: PP y Ciudadanos. Este sector de la oposición aprovechó su mayoría en las mesas de Congreso y Senado para torpedear la labor legislativa del Gobierno en algunos momentos clave. Sin embargo, fueron los partidos independentistas quienes propinaron la estocada final al Ejecutivo, rechazando las cuentas, y Moncloa lo supo ver con el suficiente margen como para escenificar una ruptura a tiempo.

De esta forma, el Gobierno retiraba su mano tendida al diálogo. De su apuesta por «hablar de todo sin cortapisas» a romper la interlocución por una defensa de la autodeterminación que nunca desapareció de la retórica independentista. Esta fue la última de una serie de rectificaciones que también han acompañado al Ejecutivo durante estos meses. El «aldabonazo» de acoger al buque «Aquarius» pronto dejó ver las contradicciones del Gabinete, cuando se negó a dar acogida a otros barcos en las mismas circunstancias. Algo parecido ocurrió con la reforma del modelo de financiación autonómica, una tradicional demanda de los territorios socialistas a la que el Gobierno renunció por falta de tiempo. También la reversión de la amnistía fiscal, la ley mordaza o la reforma laboral fueron algunas iniciativas que se rechazaron, una vez en el poder, por asumir el escaso margen de maniobra para llevarlas a cabo. Pero, quizá en el contexto actual, es la opinión variable del Ejecutivo sobre la convocatoria de elecciones, la que más puede llamar la atención. Sánchez ganó la moción de censura prometiendo comicios «cuanto antes», un posicionamiento que pronto varió hacia la vocación de «agotar la legislatura». Este objetivo se tornó si cabe más ambicioso cuando Sánchez impulsó una Agenda 2030, pero finalmente ha quedado subsumido en un adelanto electoral para el próximo 28 de abril, con la esperanza de –esta vez sí– recibir el aval de los ciudadanos en las urnas.