El fracaso de los intentos anteriores

El Gobierno ha anunciado que intentará recuperar inmuebles presuntamente mal inscritos a nombre de la Iglesia. A falta de rectificación, la ministra de Justicia declaró ayer que esos bienes, unos 40.000, deben ser de «dominio público». El portavoz de la Conferencia Episcopal avisó de que esa pretensión sería una «desamortización encubierta» que perjudicaría la acción social de la Iglesia. Este argumento se fundamenta en la controvertida historia de la desamortización en España iniciada a finales del XVIII. La justificación habitual para tales operaciones era la devolución de los bienes, la reforma agraria y el desarrollo económico. Sin embargo, los historiadores coinciden en señalar que el desencadenante fue el déficit público, la necesidad de disminuir la deuda con ingresos nuevos. El negocio era dar titularidad pública a esos bienes y luego subastarlos. No funcionó. Como señaló Germán Rueda, no hubo distribución de riqueza entre la nación ni se creó una burguesía campesina: la titularidad cambió de manos y la deuda aumentó. Carlos III inició la venta de los bienes jesuitas en 1766, pero fue Carlos IV quien comenzó la desamortización eclesiástica con un decreto fechado en 1798. En compensación, se ordenaba pagar a los obispos el 3% del interés anual que devengara la venta. El proceso se inició con el acuerdo del Papa. De hecho, y a diferencia del PSOE actual, los ilustrados del XVIII que propusieron la desamortización entendían que era necesario contar con el consentimiento de la Santa Sede. Esa colaboración se rompió con Napoleón, quien decretó en Chamartín en 1808 que se redujera el clero y se desamortizaran bienes eclesiásticos. Esta medida fue refrendada al año siguiente con la supresión de órdenes religiosas, la apropiación de sus bienes y la suspensión de rentas. Al tiempo, las Cortes de Cádiz elaboraron una memoria para desamortizar ciertas propiedades de la Iglesia para paliar la deuda. Durante el reinado de Isabel II tuvieron lugar las más famosas: las de Mendizábal y Madoz. Domínguez Ortiz señaló que en aquel entonces también había motivos políticos: el clero regular fue carlista, mientras que el secular se mantuvo leal a la reina. A golpe de decretos, entre octubre de 1835 y marzo de 1836, suprimieron órdenes monacales y desamortizaron los bienes raíces eclesiásticos con excepción de los aquellos de servicio público o interés artístico. Ya señaló Francisco Tomás y Valiente que los encargados por el Gobierno hicieron negocio particular. Estos errores trató de evitarlos el también progresista Pascual Madoz en 1855, quien, bajo el Concordato de 1851 con la Santa Sede, unió a la desamortización de los bienes eclesiásticos aquellos que eran de titularidad municipal y estatal. Bajo esta legislación, las subastas recorrieron todo el siglo XIX y llegaron a 1924. ¿La desamortización fue buena? Se obtuvieron más ingresos, pero no se redujo la deuda. Por otro lado, los ayuntamientos dedicaron parte del dinero a acometer obras públicas, aunque la asistencia social tardó mucho en recuperarse. Además, cuando la desamortización se emprendió sin un acuerdo con la Santa Sede, se destapó un animadversión política, ya fuera anticlerical o antiliberal, que no sirvió precisamente para mantener el equilibrio ni la paz en la difícil vida pública española.

Historiador, Doctor en Ciencias Políticas y Sociología