El Gobierno analizará con el Episcopado su control por la nueva normativa

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó ayer que la Iglesia será una de las instituciones que se verán afectadas por los nuevos controles de la Ley de Transparencia por recibir fondos públicos para su financiación. Este periódico adelantó ayer que esta decisión había sido adoptada en desarrollo del acuerdo parlamentario promovido por el PP y por el que, tras el Debate del Estado de la Nación, la mayoría de los grupos instó al Ejecutivo a buscar las fórmulas más efectivas para que la nueva ley incluya a todos los organismos e instituciones que reciben financiación de los Presupuestos Generales del Estado. En un principio se habló de partidos, patronal y sindicatos, pero esta lista se va a hacer extensiva sin excepciones, incluso aunque se trate de instituciones que no son administraciones públicas. Esto implica dificultades jurídicas añadidas sobre las que ya están trabajando en Moncloa.

En ese sentido, la vicepresidenta precisó que el Gobierno estudia con detalle la fórmula más adecuada para incluir en la ley a la Iglesia y a otras instituciones, como la Casa Real, que tienen una estructura y una composición particular que no está sometida al Derecho administrativo.

En el caso de la Iglesia, la intención del Gobierno es abrir contactos con la Conferencia Episcopal para abordar cómo concretar la fiscalización de las partidas que dependen del dinero público. Sólo éstas quedarán afectadas por los criterios de transparencia. Desde el Gobierno también se están manteniendo conversaciones con los demás grupos parlamentarios para consensuar el proyecto final que aprobarán las Cortes Generales.

Sáenz de Santamaría también informó de que el Ejecutivo ha constituido un grupo de trabajo en el que participan Presidencia y los ministerios de Hacienda, Justicia y Economía, además del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En él se está abordando esta concreción del refuerzo de los controles administrativos y políticos, así como otras medidas dirigidas a potenciar la regeneración democrática, como el estatuto del ejercicio de las funciones de los políticos o el control de las cuentas de los partidos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó en el Debate del Estado de la Nación un amplio paquete de reformas bajo la bandera de la regeneración democrática, que entonces sólo fueron enumeradas, ya que no habían entrado todavía a abordar su desarrollo legislativo. Este arduo trabajo está ya encima de la mesa, y aunque no en todos los casos va a ser tan sencillo ponerle una letra a la música y hacer realidad las promesas, el Gobierno trabaja con mucha intensidad en esta cuestión porque no quiere que este debate quede olvidado o enterrado por otros asuntos más «calientes» de la actualidad. Al contrario, es su instrumento para silenciar y contestar al ruido que sigue dejando, por ejemplo, el «caso Bárcenas».

En el paquete de medidas que presentó Rajoy en el Debate del Estado de la Nación, que quedó luego registrado en una resolución que apoyaron el pasado 26 de febrero la mayoría de los grupos, con la abstención del PSOE e Izquierda Plural, el Gobierno se comprometió a elaborar una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos; la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas; una Ley de Contratos del Sector Público; una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Públicas; e incluso una reforma del Código Penal para endurecer la sanción por corrupción.