Forcadell será la responsable jurídica del Pleno de la secesión

El Gobierno anunció solemnemente ayer que una vez que el Tribunal Constitucional (TC) admita a trámite su recurso contra la resolución independentista que se votará el lunes en el Parlamento de Cataluña, y la suspenda, quedará sin efectos jurídicos, como si no hubiera existido nunca, y quedará también prohibido su desarrollo por cualquier institución o por los grupos parlamentarios en la Cámara autonómica.

Desde Moncloa apuntan a la responsabilidad directa en la que puede incurrir la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, y a partir de ahí, a las que afectarán también a las demás instituciones o cargos de partido que no acaten el mandato del TC y se enfrenten a los efectos de la reforma legal que ha reforzado las competencias del TC para hacer ejecutar sus mandatos sin necesidad de interponer recursos en la jurisdicción ordinaria, como ocurrió con la consulta ilegal del 9-N. «Una vez que se suspenda la resolución, será como si nunca hubiera existido, y si alguna institución intentara desarrollarla y llevarla a cabo, los efectos de sus actuaciones también quedarían suspendidos», explicó la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros. Desde Moncloa señalan a Forcadell como la primera responsable jurídica y política de la aprobación de la iniciativa de ruptura porque, si respalda la votación del lunes y la permite, estará dejando de amparar en sus derechos a la otra mitad de la Cámara e incumpliendo su obligación de proteger a la totalidad de los parlamentarios.

En vísperas de que se active la batalla jurídica contra el pulso secesionista que lideran Juntos por el Sí y la CUP, desde el Ejecutivo llaman también la atención sobre el último párrafo del pronunciamiento del TC, en el que éste fijó el jueves posición, tras admitir el recurso de amparo presentado por PP, PSC y Ciudadanos. En ese párrafo queda un mensaje de advertencia para el Parlament, al que se recuerda su obligación de velar por el respeto a la Constitución en el debate del lunes y, en caso contrario, el TC avisa de que podrá tomar las decisiones oportunas. Moncloa advierte de que los precedentes están de su parte, en concreto, los pronunciamientos por unanimidad del TC en contra de la declaración soberanista que aprobó el Parlament fue anulada por el Constitucional en 2014, y también en contra del referéndum del 9-N.

La vicepresidenta confirmó que la reacción del Gobierno a la aprobación de la resolución independentista será inmediata, y que los trámites para requerir el preceptivo informe del Consejo de Estado comenzarán el mismo lunes. El Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la impugnación se celebrará el martes o el miércoles, en cuanto reciban el informe del órgano consultivo.

Desde el Gobierno insisten en el mensaje de tranquilidad y en recalcar que tienen preparados todos los instrumentos para responder al órdago secesionista, con determinación y de manera proporcional. «España es una democracia consolidada y existe un Estado de Derecho. Y en ninguna democracia consolidada se permite que alguien se salte la Ley. Hay unos mecanismos que funcionan y el Gobierno está dispuesto a utilizarlos para garantizar que se cumpla la ley, preservar la unidad nacional y defender la igualdad entre todos los españoles», explicó Santamaría. Toda la «maquinaria» del Estado se empleará, llegado el caso, para que la moción independentista no surta efecto.