El Gobierno cierra la ley que obliga a Cataluña a reducir su burocracia

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció informalmente en la recepción del Día de la Constitución que las comunidades autónomas verán esta semana cómo se somete a examen público el cumplimiento de sus planes presupuestarios, dentro del desarrollo por parte de su departamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Cataluña no ha hecho sus deberes y no cumplirá con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento, y así se lo han trasladado ya al Gobierno desde la Generalitat. Por el mismo camino parece que va Andalucía, pero también les está costando llegar al objetivo a otras autonomías como Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias o el País Vasco. Además de este frente abierto, el Consejo de Ministros estudiará por fin en breve una de las principales promesas electorales del PP, que también afecta muy directamente al «establishment» autonómico: la Ley de Unidad de Mercado.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se presentó a las elecciones con la propuesta de una ambiciosa reforma de la Administración Pública. En todo lo que no afecta a la Administración General del Estado, el Ejecutivo ha tenido poco margen de actuación y hasta ahora sólo ha podido activar una comisión técnica, que de aquí a junio elaborará un informe sobre las duplicidades, disfunciones y organismos públicos que pueden ser recortados.

Este trabajo va lento, y, además, depende de la colaboración del resto de administraciones para que prospere con eficiencia. La reforma municipal también avanza con mucho retraso por la oposición de los alcaldes, muchos de ellos del PP, al recorte en sueldos y en poder que preveía el primer informe analizado por el Consejo de Ministros antes del verano. Está negociándose la horquilla, pero habrá homologación de sueldos; fusión de municipios; y recorte de concejales, sostienen en Moncloa. La reforma municipal verá la luz en enero o finales de diciembre.

En paralelo, el Gobierno sigue avanzando en otras alternativas para mejorar la organización del modelo autonómico y uno de esos instrumentos es la Ley de Unidad de Mercado, que está ya lista para pasar el primer trámite del Consejo de Ministros. La semana pasada se quedó pendiente tan sólo de un informe del Ministerio de Justicia y el Gobierno trabaja con la previsión de que pueda ir al Consejo este mismo viernes. Hay que esperar a la reunión de subsecretarios y a que el jueves se cierre el índice de materias que estudiará el viernes el Gabinete. En cualquier caso, verá la luz antes de fin de año. Según el Ejecutivo, es «un instrumento básico para mejorar la competencia y competitividad» y para «reducir la maraña legislativa que ha impuesto el actual modelo autonómico». Es una «ley compleja», pero creen que la crisis económica y la difícil situación que atraviesan todas las autonomías ayudará «a que todos cedan un poco en aras del bien común». Afectará a todas las comunidades, pero, sin duda, tendrá mayores consecuencias, y una mayor respuesta, en Cataluña: cualquier movimiento para unificar estructuras es siempre ampliamente contestado por los nacionalistas, que lo interpretan como una maniobra para recortar su proceso de construcción nacional. Y allí, además, la red burocrática es mayor que en otros territorios.

El Gobierno ha estudiado al detalle cada capítulo del nuevo anteproyecto de ley para reducir al mínimo las probabilidades de que prosperen los posibles recursos ante el Tribunal Constitucional que promueva la Generalitat, o cualquier otra comunidad, por entender que la norma invade sus competencias.

El proyecto ha sido consultado con las autonomías y el Gobierno sostiene que se basa en un principio de colaboración, no en la injerencia. Las importantes modificaciones que incluye van dirigidas a reducir la dispersión de licencias y de trámites que rigen para todos los sectores. El objetivo es acabar con un modelo que obliga a las empresas a multiplicar los trámites en función de la autonomía en la que quieren instalarse, una de las eternas quejas de los empresarios por el coste añadido que implica para cualquier nuevo proyecto.

Por eso se implantará la licencia única, es decir, que todas las comunidades estarán obligadas a aceptar los bienes fabricados en otra sin imponer nuevas exigencias. «Se trata de adaptar por fin nuestra legislación al principio de la libre circulación que ya funciona en Europa», explican fuentes gubernamentales. En el caso de los servicios, el anteproyecto planteará un modelo de colaboración entre las distintas administraciones, que exige de un proceso de trabajo sectorial en el que se impliquen todas las regiones.

La nueva ley impondrá unas «máximas de actuación» legislativa a todas las autonomías buscando el beneficio del usuario y del operador económico. Éste es un proyecto que está directamente relacionado con el plan de simplificación normativa y de refuerzo de la seguridad jurídica de la Ley de Transparencia. El Gobierno cree que la armonización de la legislación que afecta a la competencia mejorará la competitividad del conjunto del Estado y dará un impulso al crecimiento.