El Gobierno da el primer paso para denunciar las cuotas independentistas

La Delegación del Gobierno en Cataluña solicitará asesoramiento a la Abogacía del Estado para saber si es lícita la cuota que el Ayuntamiento de Vic ha pagado a la Asociación de Municipios por la Independencia.

La Delegación del Gobierno en Cataluña solicitará asesoramiento a la Abogacía del Estado para saber si es lícita la cuota que el Ayuntamiento de Vic ha pagado a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que presiden el mismo alcalde de la localidad, Josep Maria Vila d'Abadal. El consistorio, tal como informó ayer LA RAZÓN, aprobó el pasado 10 de junio destinar 3.600 euros para pagar la cuota anual que le pide la AMI para poner en marcha iniciativas con las que «llevar al pueblo de Cataluña hacia la independencia para lograr las plenas competencias municipales».

En el caso de la localidad de Begues, la Delegación del Gobierno ha enviado ya un requerimiento pidiéndole las actas después de que este municipio aprobara pagar la cuota de 745 euros a la AMI o cualquier otra partida que haya destinado a esta asociación. El citado requerimiento tiene como base un informe de la Abogacía del Estado que recogió la jurisprudencia en la materia. Para el Tribunal Supremo, los entes municipales no pueden, al margen de sus competencias legales, poner sus potestades «al servicio de ideas o proyectos políticos determinados» tal como establece la Ley de Bases del Régimen Local. La Abogacía del Estado añade que estas actuaciones pueden ser contrarias al principio de objetividad de los ayuntamientos «como poderes públicos al servicio de la comunidad vecinal».

Las cuotas independentistas pueden acabar en denuncias en los juzgados contecioso-administrativos, como está ocurriendo con otras iniciativas soberanistas que realizan distintos ayuntamientos. Vila d'Abadal cargó ayer contra la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, por querer «controlar» el movimiento independentista, según dijo a Ep. El alcalde de Vic ofrece desde la AMI asesoramiento a todos los municipios que han sido denunciados por incumplir la ley de banderas, promover la soberanía fiscal o apoyar la declaración de independencia aprobada en el Parlament que declara a Cataluña «sujeto político y jurídico». Ahora ha puesto el servicio a disposición de la alcaldesa de Begues, Mercè Esteve, que reivindicó pagar la cuota independentista con dinero público. «Estamos asociados a la AMI y a otras entidades como la ACM y, como asociados, pagamos la cuota. Toda entidad tiene derecho a reclamar una cantidad económica», reclamó.

Begues, que declaró a la delegada del Gobierno persona «non grata», ya tuvo un requerimiento por no colgar la bandera española en el edificio consistorial. Por su parte, Vic ha sido denunciado por incumplir la ley de banderas y declarar la soberanía fiscal.

Las cuotas que pide la AMI a los municipios asociados –668, además de 36 entidades municipalistas– están fijadas siguiendo criterios de volumen de población.