El Gobierno explorará todas las vías para frenar la excarcelación de etarras

MADRID- El Gobierno espera un fallo favorable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a su recurso contra la primera decisión europea que dio la razón a la etarra Inés del Río Prada contra la «doctrina Parot». Esta etarra fue condenada a más de 3.000 años de cárcel como autora de 23 asesinatos. Estrasburgo comenzará a estudiar el recurso el próximo día 20.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, anticipó el viernes esta confianza en que al final el Tribunal Europeo no tumbe la «doctrina Parot», pero fuentes de la máxima solvencia confirmaron ayer a este periódico que si esas previsiones no se cumpliesen, el Gobierno no se conformará «ni se resignará». Evidentemente, no hay instancia superior a la que recurrir, pero sí está ya la decisión tomada de que llegado ese caso, Vicepresidencia y Justicia se pondrían con carácter urgente a revisar la sentencia para estudiar las posibilidades que deja para impedir que etarras, y también otros presos condenados por delitos muy graves, pudiesen salir de la cárcel. «Todo depende de la sentencia, pero sin duda que exploraríamos todas las posibilidades que ésta abra para frenar las excarcelaciones», anticipan desde el Gobierno.

Ésta es una cuestión «innegociable», sostienen, y aunque advierten de que son conscientes de que su obligación es respetar las sentencias, gusten o no gusten, en este caso entienden que por encima de esa obligación está la de explorar cualquier camino dentro de la Ley para asegurar que «se haga justicia y se pague por los crímenes que se han cometido».

En víspera de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comience sus deliberaciones, desde Moncloa subrayan que la «doctrina Parot» ha sido muy útil en la lucha antiterrorista y para hacer justicia con las víctimas y con la sociedad en su conjunto. Al Gobierno le preocupan los efectos de un fallo contrario a su recurso en lo que afecta al colectivo de reclusos etarras, debido a que hasta ahora todo su discurso ha estado basado en el principio de que se cumpla la ley penitenciaria y que los etarras acepten someterse a la misma y, por tanto, a los beneficios individuales que ésta establece, «sin prebendas ni trampas legales». Pero también le preocupa el mensaje que enviaría a la sociedad un fallo contrario a la «doctrina Parot» en lo que afecta a todos los más peligrosos criminales. «Nos haría sentir más inseguros y más vulnerables», sentencian.

De manera discreta, como se hacen estas cosas, el Gobierno ha utilizado todos los recursos a su alcance para explicar en Europa qué significa la «doctrina Parot», cuáles han sido sus beneficios y qué consecuencias tendría la derogación de una jurisprudencia que data de 2006 y que ha impuesto la aplicación del principio de que las reducciones de pena se apliquen a cada una de las condenas y no a la duración máxima de prisión efectiva prevista por la ley, situada en la actualidad en los 40 años, y antes en los 30. Enfrente ha tenido la propaganda «abertzale», que se ha esforzado en estos meses en su campaña internacional. Tras el fallo del Tribunal Europeo de julio, que consideró que la aplicación de la «doctrina Parot» a la etarra Inés del Río para que cumpliera los 30 años vulneró el principio de irretroactividad de las penas y el derecho a la libertad personal del Convenio Europeo de Derechos Humanos, hasta una veintena de etarras presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) para exigir su puesta en libertad. Peticiones que fueron rechazadas por el TC.

LAS CLAVES

¿Qué es la «doctrina Parot»?

Es un criterio jurisprudencial que fijó el Tribunal Supremo y que fue avalado por el Tribunal Constitucional según el cual el cómputo de los beneficios penitenciarios se aplicará sobre cada una de las penas impuestas y no sobre el máximo de cárcel de 30 años para delitos cometidos hasta 2010.

¿Por qué se está revisando?

La etarra Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de cárcel por 23 asesinatos, recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tras perder en el Supremo y el Constitucional. En julio del año pasado, Estrasburgo falló contra España, que recurrió la sentencia. El miércoles será la vista del recurso.

Los que podrían salir

Un total de 54 etarras condenados a 21.128 años de cárcel podrían salir a la calle si Estrasburgo tumba la «doctrina Parot» en la sentencia firme que se emitirá en menos de un mes. Se beneficiarían, además de terroristas, violadores y asesinos.