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El Gobierno ha aprobado más de 230 medidas desde enero

El objetivo es evitar que la falta de acuerdos perjudique el interés general y a España.

  • La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría
    La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría

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07 de marzo de 2016. 03:01h

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7/3/2016

El Gobierno en funciones sigue trabajando, dentro de sus competencias constitucionales, pese a la situación de interinidad que se alarga por el bloqueo político. La posibilidad de que la falta de acuerdo no se desencalle y lleve a unos nuevos comicios preocupa en Moncloa porque supondría prolongar la actual coyuntura hasta el verano y en medio tienen que adoptarse decisiones muy importantes como remitir el nuevo Plan de Estabilidad a la Comisión Europea. No obstante, hasta ahora, y gracias, sobre todo, a tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio, el Ejecutivo ha seguido resolviendo día a día las cuestiones más importantes, dentro de sus facultades. Detrás está el trabajo de cada ministerio, pero, sobre todo, de Moncloa, bajo la dirección de Mariano Rajoy y de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Desde enero el Ejecutivo en funciones ha celebrado nueve reuniones del Consejo de Ministros. En estas reuniones se han aprobado más de 230 medidas. Al menos siete acuerdos de inversión para el desarrollo económico. Entre otras actuaciones, destacan medidas tan importantes como las obras de emergencia ante la situación de sequía declarada en la Demarcación Hidrográfica del Segura, por importe de 404.955,05 euros. La convocatoria correspondiente al año 2016 de ayudas para proyectos de I+D+i del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad, así como para el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. En total, 370 millones de euros, divididos en proyectos de excelencia y proyectos orientados a los retos de la sociedad, que permitirán a muchos científicos que desarrollan sus investigaciones en España abordar trabajos cuyos resultados representen un avance significativo del conocimiento o que resuelvan retos a los que nos enfrentamos todos los países; retos como la salud, la energía, el transporte, el cambio climático o la seguridad alimentaria.

El Gobierno en funciones también ha autorizado a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa la convocatoria de préstamos a la inversión industrial, correspondientes al programa de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial en el año 2016, por importe máximo de 757 millones de euros. Ha aprobado la revisión y modificación de los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco de los diferentes planes de vivienda. Y los reales decretos por los que se desarrollan los diferentes planes de estatales de vivienda determinan la periodicidad con que se efectúa la revisión de los tipos de interés de los préstamos convenidos, y establecen que esta revisión se lleve a cabo mediante acuerdo de Consejo de Ministros en el primer trimestre del año. En total, se han revisado préstamos que afectan a más 370.000 familias y que supondrán un ahorro estimado de hasta 220 euros anuales. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha celebrado dos reuniones, y la comisión de secretarios y subsecretarios, nueve, las previas a los consejos de Ministros.

Por su parte, la vicepresidenta ha mantenido el ritmo interno de trabajo, con 11 reuniones con su equipo y una veintena con el comité de dirección y con departamentos de su competencia. También ha participado en los actos del Partido Popular.

Moncloa sigue también muy pendiente de las novedades que pueden producirse en Cataluña y de las decisiones de la Generalitat o del Parlamento catalán, por si tiene que volver a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC). El objetivo es mantener la normalidad institucional y utilizar las competencias legalmente previstas para que la falta de acuerdo perjudique lo menos posible el interés general y a España, explican desde Moncloa.

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