Tribunal Constitucional

El Gobierno lleva al TC el llamamiento del Parlament a la desobediencia

Pide al Alto Tribunal que notifique a Torra sobre su obligación de “impedir o paralizar” las iniciativas que supongan ignorar o eludir la suspensión acordada

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo / Ep
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo / Eplarazon

Pide al Alto Tribunal que notifique a Torra sobre su obligación de “impedir o paralizar” las iniciativas que supongan ignorar o eludir la suspensión acordada.

El Consejo de Ministros ha resuelto llevar al Tribunal Constitucional los acuerdos del Parlamento de Cataluña del 26 de septiembre contra la Guardia Civil y a favor de una respuesta institucional contra la sentencia del Tribunal Supremo por el ‘procés’ y a favor de la autodeterminación y la amnistía de los presos del procés.

La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha informado de que las resoluciones aprobadas por el Parlament aún no pueden ser objeto de recurso al no estar publicadas todavía, pero ha asegurado que llevarán “los dos incidentes de ejecución de sentencia al Tribunal Constitucional” al considerar que las decisiones adoptadas por el Parlament “en absoluto corresponden con la legalidad constitucional” al haber ya dictadas sentencias claras por el Tribunal Constitucional. Así el Gobierno presenta ante el Alto Tribunal una solicitud para que haga cumplir sus sentencias anteriores que impiden la aprobación por el legislativo catalán de resoluciones con esos contenidos. El Gobierno pide al Tribunal Constitucional que notifique al president de la Generalitat su “obligación de impedir o paralizar iniciativas que supongan ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las responsabilidades en las que pudieran incurrir”.

La vicepresidenta ha cuestionado también el intento del Parlament de “tratar de fundar en el carácter soberano del Parlament la legitimidad de la desobediencia institucional”.