PP y PSOE rechazan en el Congreso suspender la venta de armas a Arabia Saudí

Sánchez forja una insólita entente con PP y Cs para mantener la venta de armas a los saudíes. El presidente pedirá hoy en el Congreso una respuesta coordinada de los socios europeos y defenderá la carga laboral de Navantia.

Pedro Sánchez comparece hoy a primera hora de la mañana en el Congreso para exponer la posición de España en la venta de armas a Arabia Saudí. El Pleno monográfico se solicitó hace semanas por ERC cuando el Gobierno incurrió en la rectificación de anunciar que no entregaría las 400 bombas pactadas con Riad, para posteriormente echarse atrás ante las consecuencias negativas que acarrearía para los trabajadores de Navantia en los astilleros de Cádiz, que trabajan en la construcción de cinco corvetas para un futuro envío. Con la directriz de mantener el intercambio, Sánchez desautorizó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, defensora de poner fin al contrato. El trasfondo que motivó aquella decisión es el mismo que prima ahora para seguir manteniendo la venta de armas. «No habrá un giro radical de estrategia», reconocen fuentes gubernamentales a este diario, que apuntan a que la intervención del presidente del Gobierno no aportará ningún cambio al estado de las relaciones actuales.

Durante toda la jornada de ayer el hermetismo fue absoluto sobre el contenido de la intervención del jefe del Ejecutivo y la expectación se avivaba a medida que los cargos del Gobierno y del PSOE emplazaban a las palabras que hoy pronunciará el presidente. «Es una forma de quitarnos la presión», apuntaba con sorna un cargo ejecutivo. Sólo los que se animaban a extenderse un poco más resolvían que el «Gobierno actuará en beneficio de los españoles». Una declaración que puede parecer de perogrullo pero que apunta directamente al mantenimiento de unas relaciones con Arabia Saudí que generan sustanciosos beneficios económicos y laborales para España. Además, en plena precampaña en Andalucía y con el Consejo de Ministros que Moncloa celebrará el próximo viernes en Sevilla, nadie prevé que Sánchez vaya a poner hoy en riesgo con sus palabras la carga de trabajo que los trabajadores de Navantia tienen ya comprometida con las fragatas para Riad. «Lo de menos son las armas», argumenta un socialista que se refiere a otros contratos de gran entidad como el de la construcción del AVE a La Meca. Este argumento será uno de los que, previsiblemente, esgrimirá Sánchez en la tribuna del Congreso, como ya lo han hecho otros líderes mundiales como el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. «No quiero dejar a los canadienses con una factura de 1.000 millones de dólares. Estamos intentando avanzar para hacer lo correcto», dijo Trudeau.

Esta línea de avance es otra de las que marcará la intervención de Sánchez, el presidente demandará que una eventual ruptura de las relaciones comerciales con Arabia Saudí deberá venir coordinada entre los principales socios europeos, esto es, que no solo España renuncie a estos contratos, también Francia y Reino Unido que exportan un porcentaje de armas mayor. En todo caso, el discurso de Sánchez vendrá apuntalado por la necesidad de llevar a cabo una investigación «exhaustiva, independiente y transparente» y se emplazará a los resultados de la misma para tomar cualquier decisión. Una tesis que mantienen también PP y Ciudadanos, en lo que se anticipa una entente insólita del Gobierno con los partidos de la derecha con los que mantiene una encarnizada lucha. Esta alianza ya quedó patente ayer en la Comisión de Defensa del Congreso que rechazó, con los votos del PP y PSOE y la abstención de Ciudadanos, la imposición de un embargo en la venta de armas a Arabia Saudí valorada en 1.800 millones de euros. Compromís, impulsor de la iniciativa, Unidos Podemos y los partidos soberanistas votaron a favor. En esta ocasión el Gobierno se ve obligado a cambiar de socios.

En el Gobierno hay voces aisladas, como las de Margarita Robles, que demandan una actuación más contundente. El Ejecutivo pide «prudencia» y se nota su incomodidad con el asunto, aunque son conscientes de «no se puede hacer nada». Ante la disyuntiva entre defender los derechos humanos por parte de la comunidad internacional o garantizar los empleos, el Ejecutivo se inclina por mantener «los intereses de España».