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El Gobierno no tiene «ninguna duda de las palabras de Sanz Roldán»

PP y PSOE respaldan al director del CNI tras declarar en el Congreso mientras que Podemos asegura «salir con más dudas».

  • Ana Pastor y Félix Sanz Roldán, ayer, a su llegada a la Comisión de Gastos Reservados del Congreso
    Ana Pastor y Félix Sanz Roldán, ayer, a su llegada a la Comisión de Gastos Reservados del Congreso

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26 de julio de 2018. 09:18h

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Aurora G. Mateache Madrid. 26/7/2018

A las cinco de la tarde, con puntualidad británica, el director del CNI Félix San Roldán compareció ayer en la sala Mariana Pineda a puerta cerrada para dar explicaciones por segunda vez sobre el «caso Corinna»: decisión voluntaria de Sanz Roldán a raíz de las publicaciones que revelan conversaciones grabadas entre el ex comisario Villarejo y la empresaria alemana, Corinna zu Sayn-Wittgenstein. «Es la comisión de secretos oficiales, se explica solo», aseguró sonriente el director del CNI –que llegó acompañado por la presidenta del Congreso, Ana Pastor– a los periodistas que intentaban inútilmente sacarle una declaración, al igual que el resto de miembros de los grupos elegidos por el Pleno del Congreso: Rafael Hernando (PP), Adriana Lastra (PSOE) Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), Joan Tardá (ERC), Aitor Esteban (PNV) Jordi Xuclá (PDeCAT) e Ione Belarra (Podemos), portavoz adjunta que acudió en lugar de la portavoz del partido, Irene Montero, de baja maternal, tras conseguir los votos de la Cámara que permitieron su asistencia.

A diferencia del semblante tranquilo ofrecido a los periodistas por parte del director del CNI, los representantes de los grupos llegaron con aspecto serio y deseando entrar en la sala. Durante un encuentro de casi tres horas, Sanz Roldán expuso sus argumentos y respondió a las preguntas de los políticos, que tenían posibilidad según el reglamento de interrogar las veces que necesiten sin límite de tiempo.

Y al término de la Comisión, los miembros de los grupos abandonaron la sala prácticamente sin responder a las preguntas de los periodistas y con semblante serio. Pocos fueron los que dijeron algo, como la portavoz socialista en la Cámara Baja, Adriana Lastra, quien aseguró no tener «ninguna duda de lo que ha dicho Sanz Roldán». Algo parecido a lo que comentó el popular Rafael Hernando, quien señaló que «siempre está contento» con las explicaciones del director de los servicios secretos.

Unas afirmaciones que contrastan con las de la diputada de Podemos, que aseguró «salir con más dudas que cuando entramos». Eso sí, no aclaró si su formación mantendrá la petición de una Comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos.

Unidos Podemos registró una iniciativa a la que se sumaron Esquerra, PDeCAT, Compromís y Bildu, para abrir una Comisión de Investigación al Rey Juan Carlos por las acusaciones que la empresaria alemana vertió en sus conversaciones con Villarejo hacia el ex Jefe del Estado, como guardar dinero en paraísos fiscales, acogerse a la Amnistía Fiscal del Gobierno de 2012 para repatriar capitales y cobrar comisiones en sus gestiones para conseguir el consorcio del AVE Medina-La Meca.

La postura del Gobierno, en un momento inicial, fue quitar importancia al asunto: «Ni entramos a valorarlo», fue la reacción oficial, ya que, consideraron, era un tema pasado que no concierne al actual Jefe del Estado.

Desde entonces, tal y como reconociera recientemente la ministra de Educación y portavoz de Gobierno, María Isabel Celaá, la política «no se mueve en 48 horas, si no en segundos», y la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez es, precisamente, tomar una decisión sobre la hoja de ruta a seguir una vez que se haya analizado la comparecencia del director de los servicios de inteligencia españoles, sobre la que se registrará un acta.

Tanto el PP como el PSOE vetaron en la Mesa del Congreso que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, compareciera en la Cámara Baja, y se «escudaron» en un informe de los letrados en el que defendían que la figura del Rey está sujeta a la inviolabilidad, aunque desde Podemos defienden que ya no es Jefe del Estado y, por tanto, podría ser juzgado por el Tribunal Supremo.

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