El Gobierno destina un máximo de 544.982 euros a la defensa de Llarena en Bélgica

El bufete que se encargará de defender al magistrado español el próximo 4 de septiembre, tras la demanda interpuesta por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont

El Ministerio de Justicia dio a conocer ayer el nombre del bufete belga que se encargará de la defensa judicial del instructor de la causa del «procés» en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Ha sido una semana frenética para el Gobierno, que al principio aseguraba que no le correspondía al Estado la defensa personal del magistrado y que finalmente se vio obligado a rectificar, desautorizando el presidente del Gobierno a la ministra de Justicia.

El Ministerio de Justicia informó ayer de que el Ejecutivo pagará un precio máximo de 544.982 euros a un bufete belga para la defensa de Pablo Llarena. Será el despacho de abogados Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick el que se encargará de la demanda civil formulada por el ex president de la Generalitat contra Llarena y la retribución final dependerá de las horas de trabajo de los abogados. Es decir, que se pagará por un importe/hora de trabajo y el precio será el total de horas trabajadas. Formalizado el contrato, explican, el bufete belga será el que asuma la representación procesal del Estado español y la del juez Llarena para «defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas».

En cuanto a la recusación presentada por los procesados por el 1-O, el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, entre otros, contra los magistrados que deben juzgar el «Procés», la Fiscalía del Tribunal Supremo se opusó ayer a ello. El Ministerio Público sostiene que no hay pérdida de imparcialidad por el hecho de haber admitido a trámite la querella que presentó el Ministerio Público por todo lo relacionado con el proceso soberanista.

Una vez que la Fiscalía ha emitido su informe, junto con el de la acción popular, ejercida por VOX, será la Sala del 61, que preside Carlos Lesmes, quien resuelva este incidente de recusación, que, según fuentes jurídicas, será rechazada, en una decisión que no retrasará los plazos previstos para el inicio del juicio. Una vez la Sala resuelva, se entrará en la fase preparatoria del juicio oral, el cual puede dar comienzo en la segunda quincena de noviembre, aunque va a depender de los plazos que se otorguen a las partes para sus escritos de acusación y defensa.

El Ministerio Público rechaza que ese argumento, el relativo a considerar que los magistrados que resolvieron admitir a trámite la querella –Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela quienes formaban parte en ese momento la Sala de Admisión– conlleve la pérdida de imparcialidad de los mismos. Se señala que esos magistrados no entraron «en contacto alguno» con el procedimiento por el mero hecho de admitir a trámite la querella, ni han «valorado» ninguna decisión del instructor, Llarena, por lo que, «simplemente no ha existido» ese contacto, ya que las resoluciones fueron resueltas por otros magistrados, «precisamente para salvaguardar la imparcialidad objetiva del tribunal de juicio».