El Gobierno prevé aplicar el déficit «a la carta» sólo este año

El Ejecutivo sólo prevé, en principio, aplicar el déficit «a la carta» este año, consciente de que será imposible lograr un consenso entre todas las comunidades. En mitad de la polémica suscitada por la posible flexibilización que estudia permitir el Gobierno a los feudos incumplidores, Hacienda contempla que a partir de 2014 se analicen otras fórmulas que permitan cohesionar la política de gasto autonómico, pero la relajación del objetivo global para este año hasta el 6,3% del PIB, desde el 6,98% registrado en 2012, permitirá que los recortes aplicados por los territorios sean inferiores a los del pasado ejercicio.

No obstante, Hacienda cuadra los números para que el objetivo global de las CC AA (1,2% del PIB, frente al 1,76% de 2012) no sufra alteración alguna a final de año pese a la relajación que decida permitir a las comunidades «díscolas», por lo que no permitirá cambios de tendencia en ninguna región. El objetivo seguirá siendo la reducción del déficit estructural, aunque el desvío final pueda registrar alguna variación por capítulos como los intereses de la deuda.

Tres de las cinco comunidades «díscolas» (Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana) son de las más grandes de España en aportación al PIB, por lo que cualquier desvío respecto al objetivo impacta de forma mayor en el resultado agregado. En otras palabras, si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «abre la mano» en exceso con estas regiones puede provocar que España vuelva a incumplir el compromiso con Bruselas, algo que Hacienda está evaluando.

Sólo el año pasado, la suma de los déficits de Cataluña, Andalucía y Valencia ascendió hasta los 10.274 millones de euros (el 0,98% del PIB), lo que significa que el «agujero» de estas tres autonomías representó el 55,7% del registrado por las 17 comunidades españolas.

Se trata, en definitiva, de una cuestión de gran calado que afecta a todas las CC AA y, por ello, los barones territoriales se han apresurado a defender sus posturas en público. Algunas comunidades han mostrado su rechazo contundente al déficit «a la carta», con independencia de que sus gobiernos compartan siglas con el Ejecutivo central. Tal es el caso de Aragón, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, La Rioja, Canarias, Asturias y Cantabria.

Así, por ejemplo, el Gobierno aragonés, presidido por Luisa Fernanda Rudi, está en contra de que haya autonomías a las que se les permita un mayor déficit y aboga por fijar un techo del 1,2% del PIB. Mientras, el presidente castellano y leonés, Juan Vicente Herrera, ha afirmado que premiar a las comunidades incumplidoras «no tiene pase», al tiempo que ha apostado por una política «de lealtad, no de sumisión».

El presidente madrileño, Ignacio González, también ha sido muy crítico con el déficit «a la carta» y ha llegado a acusar al presidente catalaán, Artur Mas, de «intentar cambiar dinero por independencia». En la misma línea, el líder extremeño, José Antonio Monago, ha atacado los posibles beneficios a Cataluña y ha recalcado que «la lealtad y el cumplimiento deben ser recompensados en aquellas regiones que han hecho un esfuerzo especial para reducir sus desequilibrios».