El Gobierno prevé llevar al Código Penal que los partidos falseen sus cuentas

Las reformas anticorrupción que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en el Debate del Estado de la Nación se han convertido en la principal prioridad política del Ejecutivo. El «caso Bárcenas» ha servido de acicate para que en la agenda de Moncloa entre con carácter de urgencia la necesidad de activar un proceso de regeneración democrática que sirva realmente para endurecer los controles y aumentar la eficacia frente a esta lacra. Pero también para frenar la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones y, en clave puramente partidista, para poner sordina a los movimientos del ex tesorero y vender a la calle el mensaje de contundencia y firmeza que ésta ha podido echar en falta en algunos capítulos del escándalo Bárcenas.

Con este objetivo, desde Moncloa han puesto en marcha una doble estrategia. La que afecta al Gobierno, ya anunciada y ayer ratificada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría quien por la tarde presidió la primera reunión del grupo de trabajo encargado de impulsar las reformas. En este grupo están el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón; el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, y representantes de Presidencia, Interior, Hacienda y Justicia. En paralelo, el grupo parlamentario hará de motor en el Congreso para mantener vivo este impulso reformista. Se servirá de su mayoría para llevar la iniciativa en el debate y la discusión. El Grupo Popular tiene a su alcance medidas como activar en la comisión constitucional una ponencia de trabajo por la que pasen expertos independientes y que en el orden del día tenga como único punto estudiar, precisamente, qué cambios se deben hacer para proteger más al ciudadano de la corrupción y de los cargos públicos corruptos. El PP también impulsará la reforma del Reglamento de la Cámara Baja.

En la reunión celebrada ayer en La Moncloa Sáenz de Santamaría dio instrucciones para que todos los Departamentos afectados colaboren en seis reformas legales. Destaca la del Código Penal, en la que el Gobierno se plantea endurecer el tratamiento de los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales. Y tipificar como nuevos delitos la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos de sus cuentas y patrimonio social, la financiación ilegal y el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos efectivos. También aumentará los plazos de prescripción. Además, la vicepresidenta activó la elaboración de una Ley Orgánica de la actividad económica y Financiera de los partidos políticos, que establecerá un procedimiento de aprobación de cuentas en los estatutos de los partidos; la regulación de la figura del tesorero; la comparecencia anual del responsable financiero ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, y el establecimiento de un procedimiento normalizado de contratación por parte de los partidos políticos. La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas implicará la definición de fórmulas de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y otros organismos públicos como la Agencia Tributaria y la Oficina de Conflictos de Intereses; y la fiscalización de los ingresos y gastos de las fundaciones.

Habrá una modificación de la ley de contratos del sector público (para fortalecer las prohibiciones de contratación a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por delitos relacionados con la corrupción); y otra de la ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, del Poder Judicial, para agilizar los procesos con la modificación del régimen de competencia de los delitos conexos y el diferimiento de la determinación de la responsabilidad civil a un proceso civil posterior para paliar los retrasos que afectan a la finalización de los procesos penales. En cuanto a la nueva ley reguladora del ejercicio de las funciones Políticas, establecerá escalas de retribución de todos los cargos públicos; regulará la publicación de sus declaraciones tributarias; habrá auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato; limitará la compensación tras el cese; limitará los sistemas de protección social; y reforzará la Oficina de Conflicto de Intereses.