El Gobierno quiere homenajear a las víctimas tras la derogación de la «Parot»

Las excarcelaciones de etarras con motivo de la derogación de la aplicación retroactiva de la «doctrina Parot» por parte del Tribunal de Estrasburgo han reabierto un debate en el seno del Gobierno sobre la importancia del desenlace del relato político de todos los años de actividad terrorista. En el Ejecutivo reconocen que el entorno etarra sigue sin rectificar su pasado y sin arrepentirse de lo que han protagonizado durante 50 años, y ahí es donde entran en juego las víctimas del terrorismo y la trascendencia, «ahora más que nunca», de su discurso y de su papel dentro de nuestra democracia, según explican fuentes gubernamentales.

«Las víctimas tienen que hablar ahora más que nunca. Aunque lo que nos digan a veces no nos guste. Nunca hemos compartido la tesis de la izquierda de que las víctimas tienen que callarse ni tampoco estamos de acuerdo con quienes les exigen que no interfieran en la política», añaden las citadas fuentes. Este discurso liga con una idea que ha empezado a manejarse en el seno del Gobierno, pero que está todavía pendiente de concretarse porque por medio se cruzan factores externos, en algunos casos complicados, como son las diferencias que han surgido entre los propios colectivos de víctimas. Aun siendo conscientes de esas «dificultades», en el Gobierno se plantean la conveniencia y la oportunidad de rendir un gran homenaje a las víctimas de ETA. Por prudencia, han entendido que es razonable esperar a que finalizase la primera ronda de excarcelaciones de etarras tras el fallo de la Corte Europea. Habrá más, unas setenta, pero ya más escalonadas y a lo largo de los próximos años. Pero el «golpe más duro» ha sido ahora, y la respuesta de la democracia «también debería ser ahora», precisa un alto cargo del Gobierno. El cómo y el cuándo no está decidido, es sólo un proyecto encima de la mesa que algunos han empezado a tantear. «No está de sobra que la democracia recuerde una vez más a las víctimas, lo que han sido y lo que representan dentro de nuestro Estado de Derecho. En el examen del pasado y del presente, ETA sigue siendo una organización criminal. Y la democracia mira hacia adelante, pero no olvida ni acepta amnistía ni suspensiones legales», sostienen.

En Moncloa y en la dirección del PP son muy conscientes, además, de que la política antiterrorista y la política con las víctimas son dos cuestiones muy sensibles para su electorado más militante. Y que la gestión de la decisión de Estrasburgo de la derogación de la aplicación retroactiva de la «doctrina Parot» ha generado malestar e incluso dudas entre los suyos. El coste está ahí, bien aprovechado además por ese sector crítico dentro del partido que ha permanecido latente en el tiempo, con sus alzas y sus bajas, desde el Congreso de Valencia de 2008. Ahí están voces muy significativas dentro del PP como la del ex presidente del Gobierno , y otras como la de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, la del portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, y la de todos los vinculados a la anterior dirección del PP vasco, por ejemplo. Hoy no son una amenaza para Rajoy, o al menos no son vistos así ni en Moncloa ni en Génova. En el Gobierno responden que en la gestión de estas excarcelaciones «impuestas por Europa» no había alternativa, aunque el discurso de réplica podría haberse elaborado con más contundencia en el fondo y en las formas. «Lo que no es admisible es que quienes saben qué es gobernar, y cuáles son nuestras obligaciones internacionales, vayan diciendo ahora que ellos se habrían opuesto a la decisión de un tribunal internacional y que se habrían negado a aplicar el fallo de Estrasburgo. ¿En qué lugar habrían dejado a nuestra Justicia?», se quejan en Moncloa. Desde el Gobierno, no obstante, señalan que no hay que mezclar las cuitas dentro del PP con la respuesta y las obligaciones con las víctimas. «La tragedia que nos ha dejado el terrorismo etarra está ahí. Y con independencia de que la ETA que conocimos nunca va a volver, nuestra obligación es reivindicarla y dejar bien claro que nunca las vamos a olvidar», concluyen. Apelan en defensa de su política a que no ha habido ni habrá negociación con ETA, y que ningún preso etarra saldrá de la cárcel si no es porque se ajusta estrictamente a los requisitos establecidos en la ley.