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El Gobierno reconoce que la exhumación de Franco aún está lejos

Remite el acuerdo del Consejo de Ministros a la familia, a la que garantiza que podrá asistir al acto

  • Primera página del acuerdo remitido a la familia de Franco
    Primera página del acuerdo remitido a la familia de Franco

Tiempo de lectura 4 min.

20 de febrero de 2019. 14:38h

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Andrés Bartolomé 20/2/2019

Los Franco ya tienen en su poder el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 15 para la exhumación del antiguo jefe de Estado. El texto está siendo estudiado por los servicios jurídicos de la familia para “interponer el pertinente recurso contencioso-administrativo dentro del plazo de dos meses que vence el lunes de Resurrección”, a la vez que se solicitará [al Tribunal Supremo] “la suspensión cautelar del citado acuerdo hasta que no se resuelva el recurso”, según la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que denuncia en un comunicado que la resolución “desestima todas las alegaciones formuladas por las partes interesadas y niega las innumerables contravenciones legales que han rodeado el procedimiento”.

Según la Fundación, la propuesta suscrita por la ministra de Justicia “consta de 55 folios en los que trata de justificarse ante todas la irregularidades denunciadas por los interesados”, que “niega sin dar explicación de la negativa a abrir el período probatorio solicitado” –en concreto la FNFF afirma haberlo hecho “en cuatro ocasiones”– ni “a las razones procedimentales que justifican que se acuerde la terminación del procedimiento en vez de con una única resolución –como exige la ley de procedimiento administrativo– con dos”, la recién recibida y la que se derive del plazo de 15 días conferido a la familia para que indique dónde quiere que se entierren los restos de Franco. “Siempre que no sea la cripta de la Almudena”, recuerda la Fundación, que lamenta que se procediera, “a espaldas de los interesados, a elaborar un informe ad hoc, firmado por el gobernador civil de Madrid, que lo desaconseja”, como adelantó la ministra Dolores Delgado.

Apunta la Fundación que la familia es “la única que según el Real decreto ley puede decidir sobre el lugar de reinhumación”, que en ningún caso debe ser el que el Gobierno señale como “viable”, pues si no lo considerara así sería el Consejo de Ministros el que determinase el lugar de la sepultura.

El acuerdo ofrece garantía absoluta de que los familiares podrán estar presentes en la exhumación y el traslado de los restos, lo que significa que el acto no se haría de manera discreta o a horas intempestivas, sino con publicidad y con los Franco presentes. “Nos concede graciosamente ese derecho, como si los restos mortales del que fuera Jefe del Estado fueran propiedad del Gobierno”, lamenta en el comunicado la FNFF.

A pesar de que Delgado intentó presentar el acuerdo como la decisión con la que se culmina el procedimiento, éste aún está lejos de concluir, como se reconoce en el propio documento. El Ejecutivo admite en esta fase del procedimiento que la inviolabilidad del lugar de culto prevista en los pactos firmados por el Estado con las distintas confesiones provoca un efecto, que no es otro que el de "la necesidad de requerir la autorización eclesiástica o de la confesión respectiva para acceder al lugar de culto y dar cumplimiento de una disposición legal".

El Gobierno admite que necesita la autorización de la comunidad benedictina que custodia la Basílica del Valle de los Caídos para acceder al lugar de culto a ejecutar el desenterramiento o, en su caso, el visto bueno de la autoridad judicial competente, en este caso el Supremo.

Esta circunstancia, argumenta el Ejecutivo, no impide acordar la exhumación, como hizo en el acuerdo aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros, pero sí conduce, reconoce, "a posponer a la fase de ejecución del acuerdo la habilitación correspondiente para la entrada en el referido lugar de culto de acuerdo con el ordenamiento jurídico, a partir del alcance expuesto a la inviolabilidad del mismo".

"En ningún caso –abunda el Gobierno en respuesta a las alegaciones recibidas por la abadía de los benedictinos– se ha cuestionado este efecto, y precisamente por ello se ha requerido la correspondiente autorización a la comunidad benedictina a cuyo cargo se encuentra la Basílica del Valle de los Caídos". El problema es que hasta la fecha, esa autorización se ha denegado.

No obstante, el Ejecutivo recuerda que esta inviolabilidad no se puede entender como que los lugares de culto estén al margen de la intervención de la autoridad civil, sino que ésta, de producirse, deberá ser acorde a la legalidad vigente. Es decir, que si la autorización de los benedictinos sigue sin llegar, el Consejo de Ministros, según establece el propio acuerdo, podrá decidir "los actos que resulten necesarios" para ejecutar la exhumación, "incluyendo los relacionados con el acceso a lugares de culto según la normativa vigente". Pero estos actos, como cualquier decisión del Consejo de Ministros, pueden ser recurridos por las partes ante el Tribunal Supremo por la vía contencioso- administrativa.

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