El Gobierno recorta otros 57 organismos públicos del Estado

El Gobierno informó ayer de que ya ha puesto en marcha 129 de las 217 medidas incluidas en el informe para la Reforma de las Administraciones Públicas. No dio el detalle íntegro de cuáles son esas iniciativas. También anunció que este mes aprobará la reorganización o supresión de otros 57 organismos públicos que dependen de la Administración General del Estado. El citado informe planteaba la supresión de esos 57 organismos, de una veintena de fundaciones y de 90 observatorios. Y ya a finales de junio, cuando se dio a conocer el trabajo de la comisión que dirigió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, Moncloa «vendió» el listado de organismos autónomos, entidades gestoras, consorcios y fundaciones que quería que se vieran afectados por su plan.

Ayer, la vicepresidenta presidió en Moncloa una reunión de la comisión encargada de este proyecto, y de ese encuentro salió el anuncio de que mañana el Consejo de Ministros aprobará el reglamento del dominio público hidráulico, que implicará la creación de un registro central de agua para coordinar la labor de todas las administraciones con competencias. Al Consejo irá también el reglamento que desarrolla la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, con la que ofrecerán a las víctimas el acceso telemático a sus expedientes para conocer el estado de las ayudas de las distintas administraciones.

En este mes, según la comunicación de ayer del Gobierno, también remitirán a las Cortes 17 textos legales refundidos para aumentar la seguridad jurídica. Afectan a normas sometidas a permanentes cambios.

En relación con la racionalización de las administraciones, el Gobierno ha encargado a la OCDE un informe para evaluar la ejecución de su plan de reforma, y, según Santamaría, este organismo internacional también «ayudará en la ejecución y evitará que el Gobierno caiga en la autocomplacencia». Habrá observadores de la OCDE en cada Ministerio para valorar la aplicación de sus compromisos. No obstante, no hay que olvidar que en esta racionalización, y en el procedimiento de eliminación de duplicidades, la acción no depende sólo del Gobierno, sino que necesita de la colaboración y de la implicación del resto de administraciones, especialmente de las comunidades. Ahí es donde está el principal problema para que al final la reforma alcance un desarrollo significativo y llegue a ser tan ambiciosa.

Desde el lado del Gobierno, Sáenz de Santamaría también resaltó ayer que está en marcha el proceso para impulsar la venta de más de 15.000 inmuebles del Estado, el comité para la Administración Judicial electrónica y la cita previa en los servicios públicos de empleo. Y que, además, a su listado de actuaciones han añadido la reorganización de los servicios telegráficos de la Administración General del Estado.

El 21 de septiembre el Gobierno presentará el informe trimestral de cumplimiento de la reforma de las administraciones públicas. De la supervisión y seguimiento sigue encargándose el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, mano derecha de la vicepresidenta.

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