El Gobierno reivindica ante Mas su derecho a acudir a Cataluña sin comunicárselo

La ejecución de la estrategia del Gobierno de Rajoy de recuperar espacio en Cataluña, de tener más presencia y más discurso sobre el terreno, está empezando a provocar ya las primeras respuestas airadas por parte de representantes de la Generalitat y de dirigentes de CiU y de ERC. Que si son electoralistas o «colonialistas». Otra de las quejas, como en el caso de las últimas visitas de esta pasada semana por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, es la de que no se les comunicó que iban a ir a Barcelona. Esta iniciativa del Ejecutivo central de estar más presente en Cataluña se intensificará, como es lógico, en tiempo de campaña, pero no nace por las elecciones ni morirá tampoco el día de las urnas, sino que seguirá en los meses siguientes, porque, según explican en Moncloa, forma parte «de la política de Estado» con la que se responde a la ofensiva independentista.

Ayer, la vicepresidenta no pudo ser más clara ni más contundente cuando se le preguntó por las críticas de la Generalitat con motivo de su desplazamiento a Barcelona en la fiesta de Sant Jordi para reunirse con el gremio de editores. «Somos el Gobierno de España, el Gobierno de la Nación, el Gobierno de todos los españoles, también de los catalanes, y cumplimos con nuestra obligación de preocuparnos por los problemas y las necesidades de los ciudadanos de cualquier parte del territorio español», sentenció tras el Consejo de Ministros.

Sáenz de Santamaría enmarcó los desplazamientos de representantes del Gobierno a Cataluña dentro de la normalidad institucional: visitan esa comunidad igual que lo hacen con todas las demás, y pueden o no coincidir con los representantes de otras administraciones territoriales ya que su única obligación es comunicar los viajes a la Delegación del Gobierno. Ante los reproches directos a su agenda en el día de Sant Jordi, la vicepresidenta alegó que fue a Barcelona atendiendo una petición de reunión por parte de los editores, y que como representante del Gobierno de la Nación se sentó con ellos a hablar de sus problemas más directos, que conciernen a la acción legislativa de su Ejecutivo, como es el caso del IVA cultural, de la ley de «piratería» o del compromiso con la edición en lenguas cooficiales, en concreto, en catalán. Barcelona es la capital de la edición, no sólo en catalán –recordó la vicepresidenta–, «y la cultura catalana es muy importante desde el punto de vista económico y también como país».

De esta manera el Gobierno ratifica su apuesta por no entrar en la deriva de elevar el tono a la tensión que se alimenta desde Cataluña, y la respuesta a las últimas andanadas pasa por hacer oídos sordos a las mismas y dirigirse a los catalanes. «Hay vida y necesidades de los ciudadanos más allá de la consulta que plantea Mas», señaló la vicepresidenta. Un día más, el Gobierno se ratifica, además, en su posición: está abierto al diálogo, y el diálogo institucional sigue funcionando en aquellas materias que conciernen a los intereses de los catalanes, pero no puede dialogar sobre un referéndum ilegal. No se trata de que haya vencedores y vencidos o de que la partida quede en tablas, explicó Sáenz de Santamaría en respuesta a unas declaraciones previas del presidente de la Generalitat, porque «la Ley es la que no puede perder nunca porque nos obliga a todos».

«El Gobierno está abierto a hablar de cualquier cuestión dentro de la legalidad. Pero hay que tener presente que cualquier Gobierno está sujeto a la Constitución y a las leyes», zanjó la vicepresidenta.

Mas propone ahora un pacto amistoso

El argumento que Artur Mas se sacó de la chistera para burlar las críticas por habérselas ingeniado para no coincidir con Mariano Rajoy en un foro empresarial, después de reclamar diálogo, fue que «la situación catalana no se soluciona en una conversación de pie». Por si alguien tenía dudas, tras el desencuentro con Rajoy, el president de la Generalitat quiso dejar claro que sigue confiando en la posibilidad de sentarse a negociar con el Gobierno un «acuerdo amistoso». En una entrevista en la televisión pública catalana, introdujo un nuevo concepto para atraer al Gobierno de Rajoy a su particular diálogo, el «win-win». Se trata de una expresión inglesa que se usa en las escuelas de negocios para describir una estrategia de negociación que busca una acuerdo que satisfaga a ambas partes. El PP catalán y el PSC ven en esta oferta de diálogo a Rajoy un paso hacia atrás, pero al Gobierno no le convence y no negociará.