El Gobierno se inhibe y se escuda en la Junta Electoral

Moncloa considera que este órgano es el «exclusivamente competente» y evita una confrontación con los independentistas ante el 28-A.

La estrategia «win-win» (ganar o ganar) de Moncloa pilotaba sobre su relación con los partidos independentistas. Si la alianza de la moción de censura seguía viva, Pedro Sánchez se mantendría en el poder y podría incluso agotar el mandato. Si se rompía, el presidente se presentaría ante los votantes –en las urnas– como un líder autónomo del lastre de los pactos ocultos con los independentistas. Una vez que se decidió pulsar el botón nuclear del adelanto electoral, el primer paso estuvo claro: exhibir la ruptura con el soberanismo. La vicepresidenta Carmen Calvo compareció en Moncloa para dar por suspendida la interlocución con la Generalitat, tras el fiasco del «relator», porque el Govern no estaba dispuesto a renunciar a la independencia. A pesar de marcar distancias, el Gobierno no buscó ahondar en la fractura y tampoco lo hará ahora a cuenta de la polémica de los lazos amarillos.

Moncloa se ha inhibido de tomar cualquier decisión punitiva contra la Generalitat y ha derivado esta responsabilidad en la Junta Electoral Central (JEC). Sánchez no instará a la Fiscalía por la desobediencia de Quim Torra y se escuda en que la JEC es el órgano «exclusivamente competente» para los «siguientes pasos a dar». Entre ellos, «si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenase al cuerpo de seguridad competente el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos», informan fuentes de Moncloa. En concreto, «dicha tarea correspondería a los Mossos D'Esquadra, como policía integral desplegada en la Comunidad Autónoma de Cataluña». La inacción de Moncloa radica en su máxima de no «judicializar el conflicto» porque éste se debe resolver desde la «política». Una crítica que se hizo a la gestión de Mariano Rajoy y que daría al traste, además, con la estrategia del PSOE para Cataluña en pleno contexto electoral. Sánchez tiene buenas expectativas en este territorio y cree que con la debacle de los Comunes podría colocarse como primera fuerza. Además, en Moncloa se considera que existe «buena valoración» tanto dentro como fuera de Cataluña de su «operación diálogo» y no están dispuestos a dilapidar este rédito electoral.

El Ejecutivo ha optado, por tanto, por colocarse en compás de espera, a la expectativa de los pasos que dé la Junta Electoral Central. Son conscientes del perjuicio que les supondría entrar en una confrontación por los símbolos, que sólo beneficia a la derecha y al soberanismo radical. La incomodidad es manifiesta y a esto obedece que no se hayan realizado movimientos como el de acudir a la Fiscalía. No obstante, asumen que si la JEC les insta a realizar cualquier actuación, tendrán que cumplirla. «Todas las instituciones quedan a disposición de lo que determine la Junta Electoral Central», resaltan. Hasta este momento la «instrucción que tiene la Delegación del Gobierno de Cataluña es estrictamente informar a la JEC por escrito y con una serie de fotografías de los edificios públicos más representativos de la Generalitat» que mantuvieran la exhibición de lazos amarillos, una vez se había cumplido el plazo para su retirada. A partir de las 15:00 horas, la Delegación del Gobierno informó del grado de cumplimiento de esa orden y fue remitiendo la información a la Junta Electoral Central de los edificios más representativos.