El Gobierno seguirá financiando a Cataluña para «no perjudicar» a los ciudadanos

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ajustó ayer al contundente mensaje que en la víspera había dejado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la hora de cerrar la puerta a la negociación de la consulta ilegal que plantean CiU y ERC porque afecta a la soberanía nacional, que depende de todos los españoles. Pero más allá de ajustarse a ese núcleo de un discurso basado en la férrea defensa de la Constitución y de la Ley, la vicepresidenta colocó el acento en otras cuestiones paralelas. Por un lado, en un mensaje dirigido a los catalanes y en el que el Gobierno central les garantiza que la «irresponsabilidad» de la Generalitat y de los partidos que propugnan un referéndum independentista, además del choque de trenes con CiU, no van a suponer por su parte decisiones que perjudiquen a sus servicios públicos, a sus proveedores o al conjunto de los ciudadanos de esta comunidad autónoma.

La vía política y la jurídica avanzarán por el camino que tengan que avanzar, en función de las decisiones que adopte la Generalitat; y la vía económico-financiera, por otro. Esto no quiere decir que el Gobierno vaya a dejar de exigir a la Generalitat que cumpla con sus obligaciones legales en materia de estabilidad presupuestaria, por ejemplo, o que mantenga su amenaza de aplicarle las severas consecuencias previstas en la Ley de Estabilidad. Aunque hasta ahora Hacienda ha preferido seguir dando cuartelillo a la Generalitat y mirar hacia otro lado a pesar de sus incumplimientos en materia de déficit, mientras que, al tiempo, sigue dedicando fondos a alimentar la nación catalana. Justifican esta decisión en una cuestión de Estado, en su obligación de garantizar el bienestar de los catalanes y de impedir la quiebra de una comunidad autónoma.

Ayer la vicepresidenta recordó que Cataluña, junto con otras tres comunidades, no cumple con los objetivos de déficit, y que por ello el pasado mes de noviembre se le remitió un requerimiento, que debe ejecutar. También recordó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que tiene los mercados cerrados y que, por ello, el Gobierno central es el que está supliendo sus necesidades de financiación. Cataluña está adherida al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). «Este Gobierno tiene una obligación con los ciudadanos y si otras administraciones no cumplen con los ciudadanos y con su política no permiten que se les abran de nuevo los mercados, este Gobierno está para que todos los españoles, también los catalanes, puedan seguir recibiendo servicios públicos y cobrando las nóminas. El Gobierno seguirá cumpliendo con su obligación de gobernar en Cataluña y para Cataluña», sentenció la vicepresidenta.