El Gobierno subirá impuestos para salvar el techo de gasto

Sánchez acepta negociar con Iglesias el aumento de la carga impositiva a las grandes fortunas y empresas, pero rechaza replantear a Bruselas un cambio en el objetivo de déficit para 2019.

El mes de plazo que tiene el Gobierno, desde que el Congreso tumbase el 27 de julio su techo de gasto y dejase en evidencia su extrema debilidad parlamentaria, comienza a agotarse. El Ejecutivo tiene escasos diez días para alumbrar una nueva senda de déficit que, esta vez sí, consiga ahormar una mayoría suficiente en la Cámara. Valiéndose de la posición de fuerza que le otorga su rol de socio prioritario, Unidos Podemos ha trasladado una propuesta de 17 páginas al Gobierno para garantizarle su apoyo y el Ejecutivo está dispuesto a negociar. Es más, fuentes gubernamentales reconocen que «algunos de los puntos» que les trasladó la formación de Pablo Iglesias casan con «cuestiones sobre las que ya está trabajando el Gobierno». En concreto, el Ministerio de Hacienda estaría dispuesto a «elevar la aportación tributaria de las grandes corporaciones y de sectores que hoy se escapan del radar del fisco». Esto es, grandes empresas y las rentas más altas. Una iniciativa para la que, reconocen, «hay margen», ya que «se puede elevar la recaudación sin afectar a la clase media, a las pymes o a los autónomos». El Gobierno ya intentó negociar con Podemos la senda de déficit sin éxito en julio. No obstante, además de los votos de la formación morada, los socialistas necesitan los de otros socios de la moción de censura como PNV, ERC y PDeCAT.

La formación de Iglesias exige también la renegociación del déficit con Bruselas para que se sitúe por encima del 1,8% que Pedro Sánchez ha pactado con las autoridades comunitarias y la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En estos dos puntos parece más difícil el acuerdo. El Ejecutivo no está dispuesto a modificar esta senda, algo que –entienden– no sería responsable ni razonable. Fuentes gubernamentales hacen hincapié en que el Ejecutivo «cumple con sus compromisos con Europa», descartando cualquier renegociación. Consideran, además, que la senda de estabilidad comunicada a la Comisión Europea permite mantener esos compromisos con Europa y al mismo tiempo «reconstruir un Estado del Bienestar mermado por los recortes del anterior gobierno del PP». Y esto es así porque «garantizaría más recursos para las políticas sociales que quiere poner en marcha el Gobierno para ampliar derechos, impulsar la competitividad y recuperar la confianza de la ciudadanía en la capacidad de las instituciones de resolver sus problemas». En cuanto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Sánchez cree que es una disfunción el poder de veto que tiene el PP en el Senado, pero descarta –por ahora– promover su derogación.

Pese a la buena disposición inicial del Ejecutivo socialista a negociar el pack de medidas antiausteridad planteado por Podemos, el documento de los de Iglesias va mucho más allá de la aplicación de nuevos impuestos a las grandes fortunas y corporaciones. Desde Podemos sostienen que el sistema impositivo español es «profundamente injusto», y de ahí que sea necesario «aumentar los ingresos del Estado» mediante nuevas herramientas fiscales. Entre ellas, en lo que tiene que ver con los impuestos corrientes, Podemos propone una reforma del impuesto de Sociedades con un 15% como suelo no deducible y así evitar lo que sucede en la actualidad con las grandes corporaciones, que, según el documento «tributan a tipos reales del 6%». Además del impuesto a las grandes fortunas, la formación morada plantea otras de sus reivindicaciones históricas: la eliminación de las sicav y un impuesto a la banca. También exigen al Gobierno de Sánchez la eliminación de las deducciones fiscales de los planes de pensiones privados en el IRPF o la aplicación de una fiscalidad verde que implique «que quien contamina, paga».

En lo que concierne al incremento de los ingresos de la Seguridad Social, la hoja de ruta esbozada por Podemos incluye anticipar el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros, la modificación del régimen de cotización de los autónomos para que lo hagan sólo en función de sus ingresos reales –lo que supondría la eliminación de las tarifas planas–, una mejora en la lucha contra el fraude en las cotizaciones o la eliminación de las bonificaciones y reducciones a las que se pueden acoger las empresas.

Otro de los pilares del plan de Podemos pasa por dar más capacidad a los Ayuntamientos a través de tres vías: la relajación por parte del Ministerio de Hacienda en la interpretación de la regla de gasto –elemento del que se valió el Gobierno del PP, por ejemplo, para intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid–, la supresión de las tasas de reposición para que los consistorios puedan incorporar a más trabajadores siempre y cuando no tengan déficit y su ratio de deuda no rebase el 75%, y la compensación a las administraciones locales por los efectos derivados de la sentencia del Tribunal Constitucional en torno al impuesto de plusvalías.

Podemos también propone un «rescate» de la sanidad y la educación públicas y del sistema de dependencia, objetivo para el que exigen la derogación de los decretos aprobados por el Gobierno de Rajoy orientados a garantizar la racionalización en el gasto. Todas estas medidas son, a juicio de Podemos, el paso previo para negociar los Presupuestos de 2019 y la base sobre la que asentar las reformas exigidas por «la España del 15-M, del 8 de marzo o de las mareas de pensionistas». Propuestas, recuerdan en la formación morada, como la revalorización de las pensiones y el aumento de las mínimas y las no contributivas, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad o la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Ambas formaciones tienen hasta finales de agosto para alcanzar un acuerdo y someterlo al Congreso y al Senado. En caso de que no supere este trámite, el Gobierno de Sánchez siempre podría hacer suya, como ya hizo con los Presupuestos, la senda de déficit aprobada por el anterior Ejecutivo, con lo que el techo de gasto debería ajustarse en 1.200 millones, situándose en unos 123.864 millones.