El Gobierno vetará las cláusulas abusivas en las hipotecas

El Gobierno prepara otro paquete de actuaciones para atender el problema social que se deriva de los desahucios. La presión social logró que moviera ficha frente al drama de los lanzamientos en lo que calificó de «primera fase de medidas de protección de los deudores hipotecarios». Fuentes solventes confirmaron a LA RAZÓN que ya hay otras iniciativas en estudio y muy avanzadas. De momento, las actuaciones han ido dirigidas a evitar los lanzamientos durante dos años y a constituir un Fondo Social de la Vivienda. De hecho, una de las normas más esperadas del nuevo periodo de sesiones es la que recoge estas propuestas, tras el acuerdo de los grupos para que el decreto ley del Gobierno fuera tramitado como proyecto de ley después de su convalidación por la Cámara Baja a finales de noviembre.

Desde el equipo económico del Ejecutivo destacan que hasta ahora se ha puesto la atención en las medidas paliativas adicionales a corto plazo, pero que están convencidos de que se pueden hacer más cosas «sin demagogia» frente a este problema. Siempre teniendo en cuenta –precisan– que los cambios legales no afecten «negativamente» a la banca ni a la financiación de la construcción de nuevas viviendas ni al principio básico en materia de seguridad jurídica «de que las deudas se pagan».

Límite al interés de demora

Según las fuentes consultadas, entre las medidas en las que el Gobierno está trabajando está la limitación de los intereses de demora, que son cláusulas penales por cumplimiento tardío, no intereses remuneratorios. Hasta ahora, lo normal es que las entidades financieras incluyeran en sus contratos de préstamo o créditos hipotecarios intereses de demora del 20,5%. Según los expertos, hay dos medidas susceptibles de ser aplicadas: la de limitar legalmente el tipo de los intereses de demora y la de limitar el importe y las cuotas que devengan tales intereses.

El segundo cambio que se prepara afecta a las hipotecas con cláusulas abusivas. El Gobierno quiere acabar con su comercialización. En ello influyen las consultas de algunos jueces españoles al Tribunal de Justicia de la UE sobre su legalidad. Un ejemplo son las «cláusulas suelo», que fijan un interés mínimo para las hipotecas, con lo que impiden a sus titulares beneficiarse de mayores rebajas.

También se van a ampliar los márgenes para los colectivos vulnerables a efectos de aplicación del Código de Buenas Prácticas, que firmaron los bancos a principios de la Legislatura. Entró en vigor el pasado 10 de marzo y su objetivo era precisamente proteger a los deudores hipotecarios que no tuvieran recursos.

Sus incumplimientos son los que han obligado al Ejecutivo a dar una vuelta de tuerca a la normativa vigente para limitar el margen de las entidades a la hora de conceder beneficios a familias endeudadas. El Gobierno recuerda que entre las «barbaridades» de estos años ha habido varios casos en los que han llegado a comercializarse hipotecas complejas ligadas a yenes.

Esas hipotecas van a ser clarificadas en este nuevo paquete de medidas. Y en él se establecerán, asimismo, cambios para evitar la relación entre tasadoras y entidades. Consultoras inmobiliarias, políticos y usuarios han denunciado que las tasadoras, una de cada cinco en manos de la banca, han favorecido a bancos y cajas.

El Gobierno destaca que hasta ahora ha sido el único que ha intentado poner freno a la expulsión de sus casas de familias vulnerables, mientras que el PSOE «miró para otro lado en su última Legislatura pese a que el problema ya se había hecho evidente». Hay que reconocer, en todo caso, que fue CiU quien por primera vez abrió este debate hace dos años, y que también la izquierda lo ha movido en el Parlamento sin encontrarse con el apoyo del PSOE durante el tiempo que éste estuvo en el Gobierno.

Pero también es verdad que las propuestas que hasta ahora han visto la luz son insuficientes ante la dimensión del problema; cada día siguen aumentando las familias que no pueden pagar su hipoteca. Este jueves saldrán los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y las cifras se moverán en torno a los 6 millones de parados.