El jefe de la UDEF plantea que se pueda pagar a quien delate a los corruptos

El comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Vázquez, ha planteado hoy que se pueda pagar a quien delate un gran caso de corrupción, como mecanismo para favorecer las denuncias.

Vázquez ha lanzado esta sugerencia en su intervención en una mesa redonda sobre “La Batalla contra la corrupción”, que ha compartido con el fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled y el presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, en el marco de unas jornadas en Barcelona sobre delincuencia económica.

Tras subrayar la importancia de favorecer las denuncias por casos de corrupción, Vázquez ha sugerido: “incluso se podría pagar por ello. ¿Por qué no? Pagar por dar un incentivo al que denuncie cuestiones de corrupción elevadas”.

Posteriormente, ante los periodistas ha evitado dar más detalles de su sugerencia, ya que, según ha explicado, quien eventualmente tendría que regular esta posibilidad sería el Gobierno.

En su intervención, Vázquez también ha sugerido que se vincule un eventual incremento de la pena a un condenado por corrupción a que devuelva el dinero que ha obtenido ilícitamente: “si no lo devuelve, que la pena suba mucho”, ha apostillado.

Con esta medida, según el responsable de la UDEF, se evitarían algunos casos de personas que están dispuestas a pasar un periodo corto de tiempo en la cárcel a cambio de obtener una importante suma de dinero de forma corrupta.

Además, también ha planteado que se regule por ley que los políticos no puedan permanecer más de ocho años en el mismo cargo público, porque por experiencia cree que, en ocasiones, cuando alguien se “eterniza” en el poder, se crea un “caldo de cultivo” propicio para que aparezca la corrupción.

También ha denunciado que, en ocasiones, la figura del aforado es utilizada por algunos políticos inmersos en casos judiciales de corrupción para dilatar el proceso, ya que a veces renuncian a sus privilegios, justo antes de ir a juicio, por lo que el caso pasa de un tribunal superior a un juzgado ordinario, que tiene que revisar la causa.

Por su parte, el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona, Emilio Sánchez-Ulled, ha advertido de que en España existe una “tentación estructural permanente de corrupción” y ha denunciado que, cuando existen implicaciones del poder político o económico en casos de corrupción que se investigan, “la ley queda desnuda”.

Ulled ha apuntado que, desde una perspectiva histórica, el poder legislativo redactó de forma “técnicamente deficiente” los tipos penales relativos a la corrupción, ya que no ha habido una visión global, sino que se ha ido “parcheando a golpe de titulares de prensa y de directivas comunitarias”.

Esta situación ha llevado a los fiscales a “forzar” hasta el límite legal los tipos penales relativos a la corrupción para poder investigar a partir de una interpretación del Código Penal “adecuada a la época” actual, según el fiscal.

Según Ulled, el principal problema para combatir policialmente y judicialmente la corrupción es que no se trata actualmente de que el corruptor compre al político para obtener algo a cambio, sino que “se compra una relación que habrá que pagar en el futuro”.

La jornada de debate, convocada por la Policía Nacional, ha sido clausurada por la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, que ha destacado la importancia de la coordinación y la cooperación policial para atajar los delitos vinculados a la delincuencia económica.

En este sentido, Llanos de Luna ha advertido de que la delincuencia económica “va cambiando de ropaje” y se beneficia de la internacionalización, por lo que es clave la especialización y la formación de las unidades policiales para combatir el blanqueo, el fraude y la corrupción.