El juez Castro quiere decidir sobre el futuro de la Infanta antes de Navidad

El fiscal Pedro Horrach enumera hasta ocho alegaciones por las que, en su opinión, no existen indicios suficientes para juzgar a la Infanta Cristina por delito fiscal en el «caso Nóos», once folios en los que se muestra muy crítico con la actuación en este caso de la Audiencia Provincial de Palma respecto a ella. En uno de los anexos que incorpora a su escrito de acusación –presentado ayer–, Horrach sostiene que se imputa a la hermana del Rey «en base a una sospecha» y lamenta que «tras meses de afanada investigación» la única conclusión que se esgrime para sentarla en el banquillo sea «un raquítico “pudo conocer” que sitúa a Doña Cristina de Borbón en una posición de indefensión». Un trato que tacha de discriminatorio por acarrear «distorsiones» que la Fiscalía, recalca, «no puede tolerar».

Ahora, será el juez José Castro, instructor del «caso Nóos», quien decida si incluye o no a la Infanta en su auto de apertura de juicio oral, que dictará según fuentes jurídicas antes de Navidad.

Para Anticorrupción «es imposible jurídicamente construir una cooperación necesaria en el delito fiscal por fraude en el IRPF» del duque de Palma que suponga la imputación de la Infanta. Horrach argumenta que, siguiendo la tesis de la Audiencia de que Aizoon «es una ficción creada de común acuerdo» por los duques de Palma para encubrir un régimen económico matrimonial de gananciales (por el que presuntamente se repartirían los ingresos al 50%), «la consecuencia inmediata es imputar los ingresos de la entidad por mitades a cada uno». Con ese criterio, añade, la cuota mínima defraudada de cada uno de ellos no llegaría al mínimo de 120.000 euros exigible para que exista un delito contra la Hacienda Pública. Por eso, concluye, más allá de su participación en Aizoon, no existe indicio alguno «respecto a su participación en el fraude en el IRPF de su cónyuge», por lo que pide el sobreseimiento de la causa.

El representante de Anticorrupción cree que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de la Infanta, denuncia la «falta de coherencia» por parte de la Audiencia Provincial de Palma ante «datos y circunstancias idénticos» y recuerda que la Sala –en un «errático paseo interpretativo»– ha sostenido «hasta cuatro hipótesis distintas, incompatibles entre sí», respecto a si la duquesa de Palma pudo ser consciente de que Urdangarín utilizaba presuntamente Aizoon para canalizar fraudulentamente sus ingresos personales.

Horrach sostiene que la Audiencia de Palma denegó la imputación de la Infanta en 2012 –como pidió Manos Limpias– «por los mismos motivos» que, dos años después, ha decidido mantenerla (sólo por delito fiscal) cambiando su criterio, mantiene el fiscal, sobre la responsabilidad de Doña Cristina en la gestión de Aizoon, la trascendencia penal de sus gastos personales y familiares con cargo a la entidad (que Horrach tilda de «ridículos») o la existencia de una «caja única» en el seno del matrimonio.

El fiscal anticorrupción no entiende por qué la Audiencia «pasa sin complejos» del «desconocimiento» de la Infanta de la gestión de Aizoon al «debería saber» que se trataba de una sociedad instrumental para defraudar a Hacienda. Si la Audiencia admite que Aizoon formaba parte de un entramado empresarial ficticio alrededor del Instituto Nóos y que la Infanta desconocía ese hecho, «no es coherente afirmar que conocía sin embargo el carácter ficticio de Aizoon». De «simple figurante o elemento decorativo», se queja, pasa «sin solución de continuidad a imputada como consecuencia de una pretendida posición de garante» en esa sociedad común.

Horrach recuerda que la condición de socio de una empresa no implica ser partícipe de un fraude cometido en su seno, una afirmación que avala con cuatro resoluciones del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Barcelona y dos juzgados de la Ciudad Condal y de Sabadell. Hacienda, insiste, «realiza cientos de inspecciones anuales a entidades mercantiles idénticas a Aizoon», participadas por cónyuges y en las que los ingresos proceden de la actividad profesional de uno de ellos, que «finalizan en sanciones administrativas exclusivamente para el cónyuge generador de los ingresos».

Del mismo modo, niega que Doña Cristina tuviese una «posición de garante» en esa sociedad que le obligase a responsabilizarse de su gestión y recalca que la Audiencia de Palma «no describe un mínimo relato indiciario» que sostenga la acusación de delito fiscal más allá de su participación en Aizoon. Horrach tacha de «aventurado» presumir, como hace la Sala, que ella «manejaba las cuentas», un cometido que «tiene poco que ver con el acto de gastar y entregar los comprobantes».

Zarzuela muestra su respeto

Felipe VI recibió ayer en Veracruz la noticia de que la Fiscalía ha pedido al juez instructor del Caso Nóos que, en virtud de la llamada «doctrina Botín», no abra juicio oral contra la Infanta Cristina. Tras las últimas decisiones judiciales en las que el juez Castro ha imputado a la hermana del Rey, Zarzuela reaccionó mostrando su «respeto por la independencia judicial», y en este caso tampoco ha variado la postura, como cabía esperar: a raíz de la abdicación de Don Juan Carlos la Infanta se ha alejado del núcleo central de la Corona.