El juez «del Gürtel» abre tres nuevas piezas separadas

El instructor de la causa por supuesta financiación irregular del PPCV ha acordado abrir tres nuevas piezas separadas sobre los contratos realizados con motivo de la visita del papa a Valencia, los convenios entre la Generalitat y el grupo Correa, y los supuestos delitos contra la Hacienda de Orange Market.

Según el auto difundido por el TSJ valenciano, la primera de estas nuevas investigaciones derivadas del caso Gürtel se refiere a la contratación de Radiotelevisión Valenciana con Teconsa para la cobertura de la visita del papa a Valencia en julio de 2006, en los que pudiera haber intervenido el "Grupo Correa", y que pueden constituir delitos de prevaricación y cohecho.

Además, el instructor José Francisco Ceres ordena investigar la contratación entre la Generalitat y Orange Market y las sociedades vinculadas al Grupo Correa, a excepción de la contratación investigada ya en otra pieza anterior con la Agencia Valenciana de Turismo, por un supuesto delito de prevaricación.

En tercer lugar, se investigarán supuestos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market y derivarse de los hechos delictivos a que se refieren las piezas primera y segunda de la causa abierta por el TSJ valenciano por una supuesta financiación irregular del PP y una presunta prevaricación de la Generalitat relacionadas con la trama Gürtel.

Estas nuevas piezas se suman a las tres en que hasta ahora se dividía la causa: presunto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007, supuesta falsedad documental en las generales de 2008 y posible prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market, empresa de la trama Gürtel dirigida por Álvaro Pérez "el Bigotes".

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional deberá informar a las partes que considere afectadas por la apertura de estas nuevas piezas, que surgen como consecuencia de la inhibición parcial del TSJ madrileño en favor del tribunal valenciano sobre una posible financiación ilegal y delito electoral en el PPCV.

En el caso de la pieza que investiga supuestos delitos contra la Hacienda Pública de Orange Market, Ceres avanza que su apertura se notificará a las partes de las dos primeras piezas, relacionadas con las elecciones autonómicas y generales.

El instructor también solicita la relación de partes imputadas en el procedimiento afectadas por el traslado de la causa a la Comunitat Valenciana, en mayo de 2011.

La Audiencia Nacional ha remitido ya diversas piezas formadas, dos de las cuales afectan a Álvaro Pérez y que, si finalmente se incorporan a este procedimiento, se incluirán en las piezas ya abiertas por el TSJ valenciano que más relación guarden con los hechos investigados por el Juzgado Central de Instrucción.

Para investigar los contratos de RTVV con Teconsa, pieza que incluye la posible percepción de dádivas percibidas por el ex director general del ente público Pedro García, el instructor ha solicitado informes a la Intervención General del Estado, a la UDEF y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

El magistrado ha pedido asimismo a la Sindicatura de Comptes y a la Intervención General de la Generalitat informes sobre la fiscalización de los contratos investigados.

También ha citado a dos testigos (Elsa Esplugues y Vanessa Borrás) el próximo día 22 para prestar declaración en relación a los supuestos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market, derivados de un presunto delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008.

Los delitos contables que se investigarán en esta pieza se refieren a irregularidades en la declaración del IVA, el Impuesto de Sociedades y sobre el concepto de retención del trabajo personal por parte de Orange Market en 2007, y de otros contra la Hacienda Pública cometidos en 2008.

El auto difundido a los medios no está completo por "expresa petición del instructor", quien ha solicitado excluir del mismo las diligencias que ha acordado practicar y datos sobre domicilios particulares y entidades bancarias, han puntualizado desde el TSJ valenciano.