El juez embarga la mitad de la casa de los duques de Palma en Pedralbes

El juez José Castro ha ordenado el embargo parcial de nueve propiedades de Iñaki Urdangarín, entre ellas la que fuera vivienda familiar de los duques de Palma en Pedralbes (Barcelona), actualmente en venta, y siete de su ex socio Diego Torres para que ambos hagan frente a la fianza de responsabilidad civil de 6,1 millones que les impuso el magistrado en el «caso Nóos». La medida se ha acordado respecto al 50 por ciento de las mismas, pues los dos comparten esas propiedades con sus respectivas esposas.

En el caso del yerno del Rey, el magistrado ha cursado también la orden de embargo respecto a una vivienda y un trastero en Terrassa (Barcelona) y otros dos inmuebles con sus respectivos garajes y trasteros en Palma de Mallorca, todos ellos a nombre de Aizoon, la empresa que Urdangarín y la Infanta Cristina comparten al 50 por ciento –de ahí que el juez no pueda acordar el embargo de la totalidad de esas propiedades–.

El embargo afecta igualmente a la mitad del domicilio familiar de Diego Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), a nombre de la empresa Intuit Strategy Innovation Lab, y a un despacho situado en esa misma localidad, titularidad de Virtual Strategies, otra de las sociedades utilizadas supuestamente por Torres para vaciar de fondos el Instituto Nóos. Del mismo modo, Castro ha extendido la medida a una vivienda de Mataró a nombre de la misma empresa; otra en Mahón (Menorca) titularidad de Shiriaimasu, otra de las sociedades investigadas, y tres inmuebles más en Palma de Mallorca, en este caso a nombre de Nóos Consultoría Estratégica.

El instructor ha tomado esta decisión, según explica en su resolución, al haber transcurrido «con notorio exceso» el plazo que concedió a Urdangarín y Torres para que hicieran frente a esa fianza, que inicialmente se fijó en casi 8,2 millones de euros, el montante de fondos públicos del que supuestamente se apropió el Instituto Nóos, más el tercio legal que determina la ley. Pero, posteriormente, la Audiencia Provincial de Palma rebajó a 6,1 millones esa cifra al descontar las cantidades abonadas en concepto de IVA por el Instituto Nóos.

Por otro lado, en otra resolución el juez Castro renuncia a investigar si el préstamo de 1,2 millones de euros concedido por el Rey a los duques de Palma en 2004 (en dos transferencias) –que según explicó la Casa del Rey fue una ayuda para la compra de la vivienda de Pedralbes– fue en realidad una donación encubierta. El magistrado da cuenta en su auto del informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que «desaconseja» que se investigue este asunto dado que los hechos, «tanto a nivel penal como administrativo», se encuentran prescritos, por lo que resulta irrelevante indagar en si hubo o no un supuesto fraude fiscal. El juez Castro, tras dar cuenta de la opinión del Ministerio Público, añade que «nada tiene que exponer ya que no había iniciado ninguna investigación ni recabado informe al respecto».