El juez imputa a la Infanta en contra del criterio de la Fiscalía

La Infanta Cristina tendrá finalmente que declarar como imputada por el «caso Nóos». En una resolución sin precedentes, el juez José Castro decidió ayer, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, citar a la hija del Rey el próximo día 27, al considerarla presunta cómplice o cooperadora necesaria de los delitos imputados a Iñaki Urdangarín.

La Infanta Cristina tendrá finalmente que declarar como imputada por el «caso Nóos». En una resolución sin precedentes, el juez José Castro decidió ayer, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, citar a la hija del Rey el próximo día 27 en los Juzgados de Palma, al considerarla presunta cómplice o cooperadora necesaria de los delitos imputados a Iñaki Urdangarín por el supuesto desvío de seis millones de euros de dinero público.

Doña Cristina se convierte así en la primera Infanta de España imputada en un proceso judicial. Y eso que el magistrado sigue pensando –y así lo reitera en el auto– que «no asistía a reunión alguna de la Junta Directiva», que «nunca expresó su criterio» sobre las contrataciones bajo sospecha del Instituto Nóos con los gobiernos balear y valenciano y que «menos aún adoptó decisión alguna al respecto o contribuyó con su voto a que otros la adoptaran», una actitud «aparentemente pasiva» que extiende también a su participación, al 50% con el duque de Palma, en Aizoon, una de las sociedades presuntamente utilizadas para vaciar de fondos el Instituto Nóos.

¿Por qué, entonces, Castro ha acordado ahora su imputación, a la que se resistió hace un año? El instructor esgrime hasta 14 indicios que le hacen «dudar» de que Doña Cristina desconociera la utilidad que su esposo daba a su condición de vocal en Nóos y a su participación en Aizoon. Castro es consciente de que cada uno de esos indicios, aisladamente, «carece de peso suficiente para sustentar una imputación». Incluso, añade, su «valoración en conjunto» tampoco demuestra que la Infanta «interviniera activa y decididamente en la gestión cotidiana» de Nóos y Aizoon.

Pero para el magistrado sí existen suficientes indicios de que «no precisaba hacerlo, pues bastaba con que prestara su consentimiento a que su parentesco con Su Majestad el Rey fuera utilizado» por Urdangarín y su entonces socio, Diego Torres, «para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas que, en atención a ello, prescindían de los cauces y controles administrativos». Todo ello, remata, generaba unos «beneficios» de los que la Infanta «disfrutaba junto con su marido». Por todo ello asegura que su única función, como la del secretario de las Infantas, y también imputado, Carlos García Revenga, era la de una «utilitarista figuración», pues únicamente se buscaba (dado que no desempeñaban ninguna función en Nóos) era «aparentar», esgrimiendo su condición, que todas las operaciones con empresas privadas e instituciones públicas «eran conocidas y gozaban del respaldo de la Casa de S. M. El Rey».

Y es que el juez parece especialmente preocupado (basta recordar sus insistentes llamamientos al matrimonio Torres, en sus recientes declaraciones, para que le dieran argumentos para imputar a la Infanta) en que «se despeje cualquier duda» sobre la posible participación de Doña Cristina en el entramado de Nóos para descartar «la más mínima sombra de sospecha». Como aseguraban ayer fuentes próximas al magistrado, entre la disyuntiva de poder pasar a la historia como el juez que imputó a una Infanta sin pruebas (si finalmente la Audiencia de Palma revoca su decisión o si Doña Cristina no fuese procesada o resultase absuelta en un hipotético juicio) o como el magistrado que no se atrevió a imputar a la Infanta Cristina, Castro ha optado finalmente por la primera opción.

Éstos son algunos de los indicios que enumera el juez para citar como imputada a la Infanta:

- «Difícilmente puede estructurarse», dice Castro, que Urdangarín actuase «de espaldas» a su esposa cuando la negociación de los convenios con Baleares «tuvo lugar en el Palacio de Marivent» y la de Valencia Summit, según Torres, en Zarzuela, «aunque este último dato no haya sido confirmado ni desvirtuado todavía».

- El juez deduce de una misiva de Urdangarín incorporada a la causa que el diseño de los proyectos empresariales de Urdangarín contaba «con el conocimiento y apoyo» de la Infanta Cristina.

- Castro afirma que «no se acaba de entender» que García Revenga no comentase a Doña Cristina que su esposo «estaba obteniendo un trato privilegiado», dada la función de asesoramiento personal que prestó al duque de Palma y su conocimiento de las actividades que prestaba el Instituto Nóos.

- Para el instructor no tiene sentido que, si García Revenga no comunicó al Rey su designación como tesorero de Nóos, Urdangarín y su esposa «no se cuestionaran tal omisión» o mantuvieran en secreto su presencia.

-Si Don Juan Carlos terminó enterándose de que las actividades de Urdangarín no eran adecuadas, Castro se pregunta por qué la Infanta, «con un conocimiento mucho más directo y real», no llegó a apercibirse. Y es que el juez dice que «mal puede en buena lógica admitirse» que el conde de Fontao, asesor legal del Rey, actuara de espaldas al Monarca y asumiera «una carga y responsabilidad que no le correspondían» al instar a Urdangarín a apartarse de Nóos en marzo del año 2006.

- El instructor da por supuesto que el Rey comentó con su hija este hecho, y piensa que Doña Cristina debió velar por su cumplimiento y darse cuenta de que «las recomendaciones de su padre no se estaban siguiendo», lo que tendría que haberla llevado a cuestionar la actitud de su marido.

- El cargo de gastos personales a las cuentas de Aizoon, que el matrimonio «no había abonado», debió llevarle, dice el juez, a «cuestionarse quién lo hizo».

-Castro imputa a la Infanta también las posibles contrataciones opacas de empleadas de hogar a cargo de Aizoon.