El juez insiste en la investigación tributaria a Urdangarín y la Infanta

El juez José Castro, instructor del «caso Nóos», dio ayer un paso más en la investigación por un posible delito fiscal a los duques de Palma al rechazar los recursos de reforma que tanto Iñaki Urdangarín como Doña Cristina interpusieron contra su decisión de solicitar a Hacienda –a instancias de Manos Limpias– sus diez últimas declaraciones de la Renta. La Agencia Tributaria ya ha remitido al magistrado esa información pero, mientras Castro ha incorporado a la causa las del duque de Palma, no ha hecho lo mismo con las de la hija del Rey «a la espera de la toma de determinadas decisiones». Y es que en el caso de la Infanta esa investigación es determinante para conocer si finalmente es imputada, después de que la Audiencia de Palma de Mallorca dejara recientemente en suspenso su imputación, aunque al mismo tiempo abriera la puerta a la comisión de un supuesto delito fiscal por su participación en Aizoon, la empresa que comparte al 50% con su marido y que éste habría utilizado, según Hacienda, para facturar sus retribuciones como asesor de diversas empresas privadas.

Nada más conocer esa iniciativa de Castro, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach remitió un escrito al magistrado en el que le recuerda la hoja de ruta marcada por la Audiencia de Palma previa a su decisión sobre la imputación de Doña Cristina. Horrach (que se opuso a la adopción de esta medida, que recurrió ante la Sala) insiste en que la «propuesta de la Audiencia Provincial obedece a una secuencia lógica» que obliga al juez, en primer lugar, a solicitar a la Agencia Tributaria una «aclaración» sobre la supuesta responsabilidad de la Infanta en los delitos fiscales que se le imputan a su marido. Posteriormente, y «una vez aclaradas las cuestiones planteadas» (también referidas, según la Audiencia, a un posible blanqueo de capitales), el instructor deberá dar traslado a las partes de las conclusiones de Hacienda antes de resolver sobre la imputación. Horrach hace hincapié, por tanto, en que, una vez reciba ese informe tendrá que ponerlo en su conocimiento «para pronunciarme sobre las consecuencias penales que pudieran derivarse de su contenido».

Los plazos de esta tramitación no son irrelevantes, pues a finales de junio esos delitos podrían prescribir si antes el juez Castro no imputa formalmente a Doña Cristina la comisión de un delito fiscal. La Audiencia de Palma apuntó –en la resolución en la que dejaba en suspenso la imputación de la hija del Rey– que el plazo de prescripción debe considerarse interrumpido, pero las fuentes jurídicas consultadas dudan de esa aseveración hasta que, como exige el artículo 132,2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «el procedimientos se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito o falta». Para despejar cualquier duda (y posteriores incidentes de nulidad), el instructor es consciente de que, si ve motivos para imputar por delito fiscal a la Infanta, debe hacerlo cuanto antes.

En su resolución, Castro rechaza los motivos esgrimidos por la Infanta para que no se investiguen sus declaraciones de la Renta (a los que también se opuso la Abogacía del Estado). Niega que incorporar esos datos a la causa vulnere su intimidad, pues los considera «de muy equívoca reserva», ya que en función de su contenido «los que unos ocultarían celosamente a otros nos les importaría en absoluto que se hicieran de dominio público».

Del mismo modo, rechaza que tuviese obligación de dar traslado a las partes antes de acordar la medida. «Ningún precepto legal existe que imponga» ese trámite, recalca, aunque en todo caso «nunca sería vinculante», añade.

Para Manos Limpias, que el juez se niegue a incorporar al procedimiento las declaraciones de la Infanta –que considera «absolutamente imprescindibles para perseguir el presunto delito fiscal»– vulnera el principio de igualdad y es un «escándalo».