El juez levanta el secreto sobre la reunión en Zarzuela para el Summit

El juez José Castro ha levantado el secreto del sumario que pesaba sobre una pieza abierta para investigar una supuesta reunión en La Zarzuela en la que, según Torres, se negoció la organización de los foros Valencia Summit con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el entonces presidente autonómico Francisco Camps.

La celebración de esta reunión fue citada por Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarín en las empresas relacionadas con el Instituto Nóos. Tanto Torres como Urdangarín están imputados en esta causa.

En esta pieza del sumario declararon como testigos ante la Policía el que fuera jefe de la Casa del Rey de 2002 a 2012, Alberto Aza, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y otras personas que tuvieron relación con la celebración de la Copa del América de Vela en Valencia, y ninguno de ellos confirmó haber asistido a la reunión aludida.

Por otra parte, la Agencia Tributaria ha respondido hoy al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que no puede ampliar a la infanta Cristina el informe que hizo sobre los presuntos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, "hasta que no finalice el proceso penal".

Castro había solicitado el pasado día 24 a la delegación de Hacienda en Cataluña que aclarara "cualquier laguna"o "contradicción"sobre la posible "intervención en irregularidades fiscales y de blanqueo de capitales"de la infanta en el informe que había emitido en enero sobre Urdangarin, su exsocio Diego Torres y las empresas ligadas al Instituto Nóos.

"Esta Agencia Tributaria se ratifica en él (el citado informe) íntegramente, no apreciando que tenga lagunas ni contradicciones", ha replicado Hacienda en una comunicación remitida el pasado día 31, de la que hoy Castro ha dado traslado a las partes.

En su respuesta, la Agencia Tributaria expone que inició de oficio "actuaciones administrativas de comprobación e inspección"sobre el duque de Palma, su exsocio en Nóos, la esposa de éste, Ana María Tejeiro, y empresas ligadas a ellos.

Estos procedimientos quedaron suspendidos en enero de 2013 al presentar Hacienda una denuncia ante el juzgado instructor por tres delitos fiscales referidos al impuesto de sociedades de Nóos en el ejercicio 2007 y el IRPF de Urdangarin en 2007 y 2008, y, según la Ley General Tributaria, no pueden reabrirse "mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme".

La solicitud de Castro, basada en el auto de la Audiencia de Palma que dejaba sin efecto la citación como imputada de la infanta, se refería al citado informe de enero y, por tanto, la administración tributaria alega que no puede atenderla hasta que se cierre el proceso penal.

No obstante, la Agencia Tributaria recuerda que también está colaborando con el Juzgado de Castro por la vía del "auxilio judicial"para dar respuesta a numerosas peticiones de información, lo que se materializará en un informe "de tal amplitud que comprende cualquier vicisitud con trascendencia fiscal que afecte a las personas físicas o jurídicas imputadas".

Castro también pidió a Hacienda que precisara a cuánto ascienden las cantidades presuntamente defraudadas por Aizoon y Urdangarin y que informara de las cuentas corrientes y del patrimonio de la infanta.

A ambas solicitudes la Agencia Tributaria responde que facilitará los datos demandados cuando los recopile y analice.

En otro escrito, la administración tributaria deniega al instructor de Nóos su solicitud para que ponga a su cargo un funcionario concreto de Vigilancia Aduanera.