El juez pide el dinero que cobró Díaz Ferrán por vender dos pisos en Nueva York

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha solicitado a las autoridades de EE UU que embarguen el dinero que supuestamente cobró Gerardo Díaz Ferrán por la venta en 2012 de dos apartamentos en el hotel Plaza de Nueva York.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha solicitado a las autoridades de EE UU que embarguen el dinero que supuestamente cobró Gerardo Díaz Ferrán por la venta en 2012 de dos apartamentos en el hotel Plaza de Nueva York. El magistrado que investiga el «caso Marsans» pretende que esas cantidades se bloqueen para hacer frente a los múltiples acreedores que ha dejado en la estacada la disolución del grupo empresarial liderado por el ex presidente de la CEOE y el ya fallecido Gonzalo Pascual. El instructor ya solicitó meses atrás a EE UU que embargase esas viviendas, pero su petición llegó tarde, puesto que las autoridades norteamericanas le informaron poco después de que los bienes inmuebles ya se habían vendido.

Ahora, el magistrado va un paso más allá y en la comisión rogatoria, remitida al fiscal general de EE UU el 22 de marzo, Velasco solicita el embargo preventivo y la prohibición de disponer de los apartamentos números 305 y 1610 del hotel, vendidos a través de dos sociedades, Holdisan Inversiones New York y Holdisan Central Park, a Kirama Holding III y al ciudadano chino Chu Hui Liu. El magistrado reclama que se identifique al «beneficiario último» de esas operaciones. En la solicitud de asistencia jurídica –a la que ha tenido acceso LA RAZÓN–, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, recuerda que Díaz Ferrán es investigado por alzamiento de bienes e insolvencia punible, que podrían acarrearle, si es condenado, una pena de entre dos años y medio y cuatro de prisión. Velasco considera la información solicitada «imprescindible para la causa judicial». Y para conseguir su objetivo, el magistrado invoca el Acuerdo de Asistencia Judicial firmado por EE UU y la UE el 25 junio 2003 y el Tratado de Asistencia Jurídica mutua en materia penal entre EE UU y España de noviembre 1990. En su resolución, Velasco pone al corriente a las autoridades norteamericanas de los procedimientos abiertos en la jurisdicción civil contra los ex responsables de Marsans, en los que se les reclaman más de 45 millones de euros y cifra en 700 millones las deudas contraídas por el grupo frente a acreedores y en ejecuciones cambiarias.