Caso Nóos
El juez pide las actas de Nóos para precisar el papel de la Infanta
González Pons y el conde de Fontao, citados finalmente como testigos el próximo 18 de marzo.
MADRID- El juez del «caso Nóos», José Castro, interrogará finalmente como testigos a José Manuel Romero, asesor legal del Rey, y al diputado del PP Esteban González Pons. Tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado 26 de febrero, la comisión judicial se desplazará a Madrid este mismo mes para llevar a cabo estas diligencias, según confirmó el magistrado en un auto notificado ayer. La fecha elegida es el próximo día 18, pero según las fuentes consultadas Castro retrasará las citaciones al día siguiente tras caer en la cuenta de que la fecha elegida es festiva en Madrid (pues se traslada al lunes la festividad de San José).
En la misma resolución, Castro reclama –a instancias del sindicato Manos Limpias– al ex secretario del Instituto Nóos Miguel Tejeiro todas las actas de la asociación entre septiembre de 2003 y marzo de 2006 (coincidiendo con la presidencia del duque de Palma) y la información precisa sobre los integrantes de la Junta Directiva que asistieron a las mismas y el lugar en el que se celebraron. El instructor quiere constatar así si la Infanta Cristina desempeñó algún papel en Nóos en su condición de vocal, más allá del simbólico que su marido le atribuye. Con los datos que obran en la causa, Castro se ha negado en reiteradas ocasiones a citar a Doña Cristina como imputada, una decisión que ha sido ratificada por la Audiencia Provincial de Palma.
Del mismo modo, el instructor reclama a Hacienda una relación de todos los bienes muebles e inmuebles de los que sean titulares Urdangarín y Torres o cualquiera de sus empresas para hacer frente a los 8,2 millones de fianza de responsabilidad civil que impuso a ambos. Castro ya pidió recientemente a la Agencia Tributaria las cuentas bancarias de los dos ex socios de Nóos con idéntico objetivo.
Madrid 2016, a la espera
El instructor ha hecho suyas las peticiones de comparecencias del fiscal Horrach, que incluyen en total a dos imputados y 35 testigos, salvo en lo referente a la nueva toma de declaraciones a tres imputados y cinco testigos relacionados con Madrid 2016, con Mercedes Coghen a la cabeza. Aunque asume que se llevaron a cabo con carácter secreto y sin la presencia de las defensas de los imputados, cree que deben ser éstas, y no la Fiscalía, quienes soliciten que se practiquen de nuevo estas diligencias.
El conde de Fontao deberá explicar al juez y al fiscal Pedro Horrach cómo tuteló la transición de Iñaki Urdangarín del Instituto Nóos a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) entre marzo y diciembre de 2006, después de que instara al duque de Palma a abandonar el primero a instancias de la Casa del Rey. Según declaró Diego Torres, ex socio de Urdangarín, la única consigna era la de «cubrir las apariencias» y evitar que el duque de Palma figurase en órganos de dirección (de hecho, en la FDCIS se limitó a presidir el consejo asesor, aunque según la Fiscalía el yerno del Rey y Torres seguían estando al frente de todo).
Por su parte, González Pons ha sido citado para que detalle su papel como conseller en la firma del convenio de 2005 entre Nóos y la Generalitat Valenciana para la organización de unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse y por los que la asociación cobró 382.000 euros. La Fiscalía pretende esclarecer qué papel jugaron en ese convenio el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Anticorrupción no se plantea por el momento pedir su imputación salvo que surjan indicios de que alguno de ellos apalabró con el duque de Palma la firma del convenio antes de firmarse.
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