Audiencia Nacional

El juez Ruz hace las maletas

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruzlarazon

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz hace estos días las maletas para regresar a su plaza como titular en el juzgado número cuatro de Móstoles, tras ser asignada la plaza que ocupaba en comisión de servicio desde hace cinco años a José de la Mata, en el macroconcurso resuelto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 3 de marzo. Ruz será relevado durante el mes de abril tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los traslados. Ocho días después, De la Mata tendrá que incorporarse a su nuevo destino. El día que lo haga será la fecha tope para que Ruz pueda solicitar al Consejo su permanencia en el juzgado de instrucción número cinco como juez de refuerzo, informa Servimedia.

Hasta el momento, el magistrado no ha presentado ninguna petición en ese sentido, y durante las últimas semanas se ha ido despidiendo de compañeros y funcionarios. Las fuentes jurídicas consultadas indican que no hay indicios de que Ruz vaya a pedir su continuidad. Al juez Ruz le denegaron en diciembre la prórroga de seis meses que pidió para concluir la instrucción de los casos que investiga y tan sólo le ofrecieron la posibilidad de quedarse como refuerzo para ayudar a su sucesor a concluir las causas de especial complejidad tales como las que investigan la 'caja B' del Partido Popular, que ha instruido durante más de cuatro años, los `papeles de Bárcenas´ o el caso `Neymar´.

Ruz dirige el juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional en comisión de servicios desde junio de 2010 en sustitución de Baltasar Garzón, que fue suspendido por sentencia judicial. También están en manos de Ruz la instrucción de los casos de presunto blanqueo del hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, y los manejos de la trama `Púnica´, que afecta

a las administraciones municipales y autonómicas.

Durante las últimas semanas el juez ha pisado el acelerador para concluir varias de las instrucciones complejas que tenía abiertas. El pasado 5 de marzo Ruz acordó la apertura de juicio oral en el «caso Gürtel», que sentará en el banquillo a 40 personas. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo juzgará, entre otros, al extesorero del PP Luis Bárcenas; al presunto líder de la trama corrupta, Francisco Correa, y a la exministra de Sanidad Ana Mato, pero eso no ocurrirá hasta el año próximo. También impuso fianzas a Correa, que debe abonar 60 millones; el 'número dos' de la trama, Pablo Crespo, 49 millones; Iván Yáñez, 23 millones, y el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, 14 millones. Los acusados se enfrentan a los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración pública. También serán juzgados por falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

El pasado día 23 de marzo, el juez dio por concluida la investigación de la pieza separada en la que investigaba los llamados 'papeles de Bárcenas´ asegurando que ha quedado acreditada la existencia de la 'caja B' del PP, "de forma sistemática"entre 1990 y 2008. Terminada la investigación, el magistrado cree demostrado que el PP tuvo diversas fuentes de financiación ajenas al circuito legal, lo que permitió operar, al menos durante los 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas que registraron entradas y salidas de dinero "al margen de la contabilidad remitida por el Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública". El juez propuso llevar a juicio a seis personas: los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exgerente del partido Cristóbal Páez; los dos administradores de la empresa Unifica, Alvaro Urquijo y Belén García; y una empleada de la misma, Laura Montero. A los seis se les imputan delitos contra la Hacienda Pública. A su vez, a los empleados de Unifica se les acusa del impuesto de sociedades de 2007 y del impago del IVA de 2010.

El día 13 del pasado mes, Ruz también concluyó la investigación del caso Neymar y propuso juzgar al expresidente del Fútbol Club Barcelona Alesandro Rosell, a su sucesor en el cargo, José María Bartomeu, y al propio Barça por delitos contra la Hacienda Pública y de administración desleal en el fichaje del delantero brasileño Neymar. En el auto, en el que el juez modificaba a procedimiento abreviado, el paso previo para abrir juicio oral, rechazaba la solicitud de sobreseimiento pedida por Bartomeu y Rosell y cuantificaba en 13 millones de euros el montante del fraude perpetrado en el fichaje del jugador brasileño. Pablo Ruz se despedirá de su puesto en la Audiencia Nacional con una semana de guardia que da comienzo el día 6 de abril.