El líder de UDC no ve «justo» reclamar dinero contemplado en el Estatut porque el TC lo anuló

El líder de UDC, Josep Antoni Duran, ha reprochado este jueves al Gobierno catalán que en su lista de incumplimientos del Estado, valorada en 9.375 millones de euros, incluya las partidas para infraestructuras que estaban previstas en el Estatuto catalán, porque el Tribunal Constitucional anuló esta disposición.

"Nos guste o no el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional. Reivindicar una cantidad en función de la aplicación de la disposición adicional tercera no es correcto, no es justo", ha remarcado, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Esa partida asciende a 5.748 millones de euros, es decir, más de la mitad del montante global de "incumplimientos", pero Duran cree que sólo cabe reclamar los 759 millones de euros correspondientes a 2008, acordados en Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

Por otro lado, ha reconocido cierto malestar por haber conocido por los medios de comunicación el contenido de esa lista de incumplimientos y ha asegurado que le hubiera gustado que le consultasen su contenido, teniendo en cuenta que él es el presidente de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat así como portavoz de CiU en el Congreso.

"Parece lógico que alguien me pregunte si los conflictos constitucionales o las demandas con el Estado son ciertas o no. Algo sabré de lo que los presupuestos incluyen o no", ha expresado Duran, tras reivindicar que él es el responsable del diálogo con el Estado.

"Muy satisfecho no puedo estar. Parece lógico que alguien me pregunte", ha añadido el líder democristiano, quien ha negado, sin embargo, que esto equivalga a expresar malestar.

La deuda que el Gobierno catalán reclama al Estado tiene varias vías de origen: los recortes que desde 2010 ha ido haciendo el Estado

y que han repercutido a las arcas autonómicas, y el incumplimiento del sistema de financiación pactado en 2009 y de la disposición adicional tercera del Estatut, que establecía que la inversión del Estado hasta 2014 en obras públicas catalanas debe equipararse a la contribución que hace Cataluña al Producto Interior Bruto (PIB) de toda España.