El número de causas judiciales baja al nivel del año 2008

2012 fue un año que supuso, en cierto sentido, un «alivio» para los juzgados y tribunales españoles, pues aunque las cifras de asuntos ingresados son todavía muy superiores a la media de los países de nuestro entorno, hay dos datos que parecen confirmar el inicio de una tendencia iniciada hace ya tres años. Por un lado, el que los procedimientos registrados se situaron por debajo de los nueve millones, algo que no sucedía desde el año 2007; y, por otro lado, que los asuntos pendientes de resolución a finales del pasado año se situaron por debajo de los «psicológicos» tres millones, lo que tampoco sucedía desde el año 2008.

Estos datos se recogen en la Memoria anual del Consejo General del Poder Judicial, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso LA RAZÓN, que se presentará oficialmente el próximo mes de septiembre, con motivo de la apertura del nuevo año judicial y en la que también se hace un análisis de la situación de la Justicia en nuestro país y de las necesidades. Y, junto a ello, destaca que, al margen de polémicas por la nueva ley del Consejo, la independencia de jueces y magistrados «va a ser mantenida y garantizada» y que el «nuevo Consejo General del Poder Judicial –cuya proceso de renovación comenzará en la segunda quincena de septiembre– seguirá haciendo efectivo» ese principio «como exigencia básica de convivencia dentro de nuestro sistema democrático de división de poderes».

El órgano de gobierno de los jueces y magistrados admite, como no puede ser de otra forma, que la crisis económica «no ha resultado ser ajena a la actividad de los órganos judiciales», especialmente en lo que se refiere a la dotación de medios personales y materiales.

Los asuntos ingresados se situaron a finales de 2012 en 8,972 millones, lo que significa un leve descenso del 0,8 por ciento respecto al año anterior. Sólamente en las jurisdicciones Civil y Social, por una influencia directa de la crisis económica, aumentaron los procedimientos recibidos en un 4 y 6 por ciento, respectivamente. En el vértice opuesto se sitúa la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, donde sus juzgados han experimentado un descenso más que importante, en concreto, del 22 por ciento, mientras que los procedimientos penales lo hicieron en un 1,5 por ciento. En cuanto al número de asuntos resueltos por los jueces en 2012, se produjo un leve descenso de apenas 40.000 procedimientos, y las sentencias dictadas ascendieron a 1-659.941, un 0.8 por ciento menos que el año anterior.

Preocupación

Todos estos datos hacen que el pasado año finalizase con un descenso notable de los que quedaban en trámite de resolución, un 4,5 por ciento menos doce meses antes.

Sin embargo, el CGPJ también expresa su preocupación ante diversas circunstancias que atraviesa la Justicia española. Así ocurre, por ejemplo, con el hecho de que a través de lo que se denomina «plan de urgencia» se haya tenido que reforzar «un considerable número de órganos judiciales, mediante comisiones de servicios» con o sin relevación de servicios.

Por ello, afirma el CGPJ al respecto, «es preocupante, hay que resaltarlo, que lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla como una medida excepcional se esté generalizando», ya que debido a la sobrecarga «estructural» de algunos juzgados es necesario una medida «puntual» de refuerzo, «dado el incremento de causas complejas». Entre estas causas, señala la Memoria del Consejo de 2013, se encuentran aquellas en las que se investigan casos de corrupción, «que suscitan una evidente alarma social y a las que es imprescindible dar una respuesta inmediata».

En la Memoria se recoge igualmente la relación de necesidades de órganos judiciales y plazas de magistrados que habría que crear, según han puesto de manifiesto las salas de gobierno de los distintos tribunales superiores de Justicia. Así, habría que crear, de acuerdo con esas peticiones 323 juzgados, de los que 84 serían de primera Instancia, 71 de Primera Instancia e Instrucción y 48 de lo Penal. Andalucía es la comunidad autónoma que reclama más órganos judiciales. Y, en cuanto a plazas de magistrados en los TSJ y audiencias provinciales, se consideran necesarias crear 97.