El «número dos» de IU en Andalucía también compró un piso embargado

El portavoz de IULV-CA en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, también es propietario de un inmueble que había sido embargado por impagos. En este caso, el banco se quedó con una vivienda de una sociedad inmobiliaria y él la adquirió posteriormente. Según consta en su declaración de actividades, retribuciones, bienes e intereses entregada en la Cámara andaluza, es propietario de la mitad de una vivienda en Málaga con un valor catastral de 44.737,20 euros. Sobre esta propiedad tiene formalizada la mitad de un crédito hipotecario por 31.982 euros con la entidad financiera Unicaja. Castro, por cierto, es miembro de la Asamblea General de esta caja elegido por el Parlamento desde 2006.

Fue el propio portavoz de IU el que informó ayer de que adquirió su vivienda habitual tras un embargo. Lo hizo para justificar que el vicepresidente de la Junta –y hasta hace semanas coordinador general de IULV-CA– Diego Valderas, comprara a la Caja de Ahorros El Monte la vivienda de su vecino después de que éste fuera desahuciado por impago.

Según Castro, «estamos hablando de algo que ha formado parte de la cotidianidad durante mucho tiempo de este país, y es que se han embargado viviendas que han pasado al stock de entidades financieras y que, a su vez, se han puesto a la venta». Para justificar a su compañero, aseguró que «tendría que estar opinando sobre lo que han hecho miles y miles de ciudadanos en las mismas condiciones».

Con el reciente decreto antidesahucios que ha aprobado la Junta, ni Castro ni Valderas podrían haber comprado ninguno de los pisos. La norma, que será recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno tras la inquietud mostrada por la Comisión Europea, impide a las entidades financieras desahuciar a las familias que no paguen sus rentas –con determinados requisitos– ya que la Administración andaluza les expropia el uso del piso durante tres años.

En el caso del stock de viviendas en manos de los bancos, la Junta obliga a éstos y a las sociedades de inversión y promotoras que tengan pisos sin vender a ponerlos en alquiler a precios de mercado.

Valderas compró en 1995 el piso de su vecino, propiedad en esos momentos de la caja de ahorros El Monte. La entidad financiera se hizo con el inmueble en pública subasta en 1991 y se lo vendió posteriormente al actual vicepresidente andaluz, que por entonces era presidente del Parlamento de Andalucía después de haber sido alcalde de su pueblo –Bollullos Par del Condado (Huelva)– desde 1979 y hasta 1994.

El dirigente de IU formalizó un crédito hipotecario por 18.030,36 euros con la misma caja de ahorros. En la escritura consultada por este periódico consta que se le aplica un diferencial sobre el tipo de referencia «de cero puntos». Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, era habitual en esa época que al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) de las cajas no se le añadiera una nueva carga. Los dos primeros años el interés nominal pactado era del 10,50.

Posteriormente a la compra, el matrimonio Valderas solicitó licencia en el Ayuntamiento –del que había sido alcalde– para unir ambos pisos –el suyo y el que era de su vecino–. Hoy disfruta de un inmueble de 190 metros cuadrados en el centro del municipio.

Un piso de 190 metros para el adalid de los desahuciados

Pese a su escaso impacto real, la ley antidesahucios de la Junta de Andalucía ha sido utilizada por Diego Valderas para cargar contra el PP, la Comisión Europea y los bancos. Ésta es sólo una de las perlas del dirigente comunista solidarizándose con los desahuciados: «Estamos del lado de las personas que están siendo desahuciadas frente a los bancos». A la derecha, el plano de las dos casas que, tras la reforma, se convirtieron en un piso de 190 metros